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En vista de ello, se resolvió abrir un periodo de debate, consistente en una reunión nacional en Cochabamba y la realización de dos o tres talleres de similar alcance, para buscar un consenso sobre los ajustes que se aplicarían al futuro funcionamiento de las universidades privadas.

El surgimiento de estas casas de estudios superiores se originó en el hacinamiento de alumnos que se daba en las universidades públicas, así como por las falencias que tenía el sistema monopólico que ejercían y los problemas que genera la autonomía, todo lo cual ocasionaba el cierre de oportunidades a muchos jóvenes que querían profesionalizarse.

Empero, salvando honrosas excepciones que merecen todo respeto y consideración, en buena medida el remedio fue peor que la enfermedad. Se hizo evidente que, en muchos casos, las nuevas “universidades” adolecían de graves limitaciones en los campos de la infraestructura, la calidad académica, la multiplicación de las mismas carreras que existían en las universidades públicas, las irregularidades administrativas y, peor aún, el afán mercantilista, de lucro, que las inspiraba.

En estas condiciones, la enseñanza académica perdió el rigor del que tiene que estar investida. Los títulos universitarios dejaron de gozar de la respetabilidad y del crédito necesario dentro del propio país. En el exterior simple y llanamente no tienen valor, lo que implica un penoso perjuicio para los nuevos profesionales. El engaño y la irresponsabilidad malograron muchos esfuerzos de padres de familia y estudiantes.

El caso de la universidad privada de Aquino Bolivia (Udabol), regional Oruro, puede ser emblemático de lo que no debe ocurrir en este importante sector. Abrió las carreras de Medicina y Odontología sin contar con la licencia respectiva. Sólo este año inició los trámites correspondientes —según el Ministerio de Educación— cuando tiene ya en vísperas el egreso de sus primeros profesionales. Pero el caso no es único, el titular de aquel despacho refirió que otras 20, de las 42 universidades privadas existentes, se beneficiarán del acuerdo al que se llegó con Udabol, con un decreto que legalizará el funcionamiento de aquellas carreras. Así, quienes ganaron fueron la ilegalidad y la presión, a través de huelgas de hambre y otras amenazas.

Es de esperar que la apertura del diálogo, entre el Gobierno y las universidades privadas, permita diseñar un Reglamento que satisfaga las expectativas públicas y, esencialmente, pueda darse un cuarto de conversión en lo que se hizo hasta ahora.

Es indispensable que las universidades privadas salgan del academicismo, que se halla ya sobresaturado en Bolivia, y vuelquen sus esfuerzos a la enseñanza técnica, que es la que se requiere en los sectores de la producción y de los servicios, pilares de la economía nacional. Igualmente, se espera que se tome en cuenta que hace tiempo se agotó la capacidad del mercado para absorber tanto profesional académico y que se hallen mecanismos creativos para atraer a jóvenes hacia estos rubros.