Una democracia está en peligro cuando los métodos para hacer prevalecer las ideas, los programas y los propósitos de cambio son la violencia, la intimidación, la intolerancia y la falta de respeto entre la mayoría y las minorías. Este peligro se oculta frecuentemente en otras formas: el engaño, la desinformación, la discriminación, en la procura de ocultar los verdaderos designios de terminar con la democracia y buscar alguna de las características del despotismo.
Uno de los métodos para llegar a la negación de la democracia es usar una pretendida defensa de ella, creando fantasmas, como el de la conspiración de supuestos enemigos de este sistema de vida. Pero veamos: la conspiración para derrocar a un Gobierno constitucional “es decir surgido de los votos de los ciudadanos” es un delito y sus autores deben ser sometidos a la acción de la justicia, cosa que no es frecuente ya que la falsa denuncia de conspiración lleva encubierto el propósito de prevalecer.
Las acusaciones dirigidas con vaguedad a grupos políticos o sociales, cuando coinciden con momentos difíciles, hacen sospechar que se usa una maniobra “antidemocrática, por cierto” para salvar el momento. Y estas acusaciones ahora abundan y provienen de funcionarios de diversos rangos, pues parece que, con ello, se pretende ocultar responsabilidades o la incapacidad para lidiar con los problemas que causan tensiones.
La cuestión no es tan simple ni se la debe tomar con liviandad: es decir que simplemente se acusa y no pasa nada, pues sólo apuntaría a descalificar al opositor o al que demanda una reivindicación. La cosa es más grave, pues da la imagen de una deplorable inestabilidad que, vista desde el exterior, hace crecer la desconfianza en el país, poniendo en riesgo acuerdos que demandan paz social y política. Esto aplicado especialmente al intercambio comercial que requiere la fluidez que da un país ordenado, serio y en paz.
Pero la cuestión también puede llevar a otras especulaciones. En el pasado, a las denuncias de conspiración, han seguido medidas represivas. Esto significa, simplemente, la restricción de los derechos y garantías ciudadanas, lo que es un mecanismo legal comprensible, si se trata de hechos ciertos. Pero cuando se basa la acción en una falsedad, se estaría nomás en la procura de negar la esencia democrática y, fundamentalmente, como se ha insistido tanto, abandonando el respeto, mutuo y convergente, entre la mayoría “circunstancial, pues la preferencia ciudadana tiende a cambiar” y las minorías. Ese peligro subyacente, asoma. Y, lo que es peor, parece que es alentado desde el exterior, con una proclamada solidaridad si se presentan esos fantasmas que, hasta ahora son eso: fantasmas y nada más.
Se tendrá que aceptar que tender puentes, procurar el consenso, buscar la paz, son tareas honrosas tanto para un Gobierno como para la oposición. Al fin de cuentas está visto que la estridencia y la falsedad sólo conducen a la confusión, a la incomprensión y al enfrentamiento estéril.
Gobernar representando lealmente a la mayoría es un propósito loable, pero cuando se usa esa mayoría para intentar el aplastamiento de un sector importante de la ciudadanía, se trata de una conducta antidemocrática que se orienta a la instauración de un régimen por el que la ciudadanía no votó.
*Marcelo Ostria es abogado y diplomático.
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