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El coordinador jurídico del Comité Impulsor del Juicio de Responsabilidades, Rogelio Mayta, dijo que la resolución de este problema, que está enmarcada en la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias de la Organización de Estados Americanos (OEA), está en manos del Congreso Nacional.

Mayta explicó que, si bien esta convención internacional fue ratificada por Bolivia y Estados Unidos a principios de año y depositada hace algunos días en la OEA vía Cancillería de la República, sólo es válida para notificaciones en materia civil y comercial, y no así para delitos penales o criminales.

“Lamentablemente esta ratificación y este depósito no ayuda ni genera obligaciones en el tema de la notificación de Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague”, explicó Mayta.

Señaló que para solucionar este vacío legal existe un Protocolo Adicional a la Convención, que ayudaría a que la notificación al ex presidente y sus ministros sea por la vía penal y criminal, como se la conoce en la justicia norteamericana, pero no fue ratificada por el Congreso Nacional. ANF