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Octubre del 2003 nunca fue producto de la coyuntura. En octubre de aquel año se produjo el arrebato mayor de un proceso que se gestó durante muchos años en la acumulación de problemas estructurales irresueltos y en el fracaso de políticas públicas. La convergencia de demandas sociales, insatisfacciones ciudadanas y oportunidades políticas, estallaron en un levantamiento popular sin antecedentes en tiempos de democracia.

Bolivia había llegado a un punto de quiebre, como tantos otros en su historia nacional. Sin embargo, se trataba, en definitiva, de un conflicto acumulado de elementos sensibles que se producía en plena democracia, a exactamente 21 años de la recuperación del sistema. Ciertamente, en una democracia joven, quizá inmadura y terriblemente vulnerable.

Las jornadas de octubre reflejaron una realidad nacional insoslayable. La estabilidad económica del país basada en la aplicación de políticas neoliberales no estaban garantizando el pago de la deuda social ni el cierre de las brechas. El sistema de partidos políticos tradicionales había llegado no sólo al borde del agotamiento sino del fracaso. Revuelta social, provocada o no, produjo una “única” salida a la crisis: enfrentamiento callejero con bajas y la caída de un gobierno impopular. El resultado no sólo fue el derrocamiento del gobierno sino el inicio de un nuevo proceso, aquel que planteaba ineludiblemente la modificación de las estructuras políticas, económicas y sociales del país.

Sin embargo, y a pesar de la ascensión al poder del sucesor constitucional, la composición política —aunque desgastada— pervivía en las estructuras del Estado, aquello devino en la llegada de otra crisis institucional que obligó al país a ingresar en un período de transición gubernamental. Todo este engranaje se produce entre octubre del 2003 y julio del 2005. Sólo fue hasta el 18 de diciembre del 2005 que se sucede un cambio político trascendental e histórica, producto de una decisión democrática y por el voto en las urnas.

Octubre seguirá arrojando lecciones para la historia. Ese momento de inflexión que sacudió a un país y que creyó que sólo con la violencia en las calles y la revuelta popular lograría la modificación de un sistema político, económico y social en desgaste, se equivocó. En evidencia, alejó del poder a un gobierno y trastocó las estructuras político-institucionales del Estado. Sin embargo, fue la decisión soberana —dos años más tarde— bajo la fórmula democrática de la participación del pueblo en las elecciones nacionales, la que hizo posible la renovación del poder. Es decir, que la “reconstrucción nacional” sólo podrá provenir de los pasos que la democracia otorga a las naciones para resolver sus enconos y no de la confrontación ni de la violencia.

Ahora bien, a tres años de octubre del 2003 aún quedan asuntos pendientes. La violación a los derechos humanos no está sujeta a prescripción y frente a ese principio queda en pie el juicio de responsabilidades a las autoridades que correspondan. En esa tarea, los responsables deberán comparecer ante la justicia boliviana para recibir el proceso debido y justo.

El país está hoy confrontando aquel cambio que las jornadas de octubre reclamaron, y en ese devenir debe continuar haciendo los esfuerzos para fortalecer la democracia y la gobernabilidad.