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El ministro de Desarrollo Rural, Hugo Salvatierra, explicó a La Razón que el Gobierno quiere convertir a las TCO en una entidad territorial administrativa, en la que los campesinos e indígenas tengan incluso poder político. Es decir, que el instrumento creado por la Ley INRA, hace 10 años, se convierta en el punto de partida para dar poder a los pueblos indígenas que históricamente reclamaron territorio.

Salvatierra señaló que la TCO ya no debe ser "sólo una suerte de propiedad agraria colectiva, sino debe ser una entidad territorial con administración indígena propia, según sus usos y costumbres". "A partir de ahora habrá una justa distribución de la tierra, basada fundamentalmente en la dotación gratuita, única y exclusiva a los campesinos e indígenas de Bolivia que no han tenido las posibilidades de acceder a la propiedad de la tierra".

Sin embargo, dichas palabras no tienen el mismo eco en los campesinos del occidente, en los colonizadores del país y en los indígenas. Los primeros están preocupados en el aprovechamiento económico que le podrían dar a sus tierras, si éstas son parte de una TCO. Los colonizadores están inquietos porque reclaman una distribución de tierras en forma proporcional a la población y que les beneficie.

Por otro lado, las Organizaciones Económicas Campesinas (Oecas) están concentradas en consolidar sus unidades productivas, antes que en el carácter político que el Gobierno concibe para la tierra.

El Ministro de Desarrollo Rural, interpretando el artículo 171 de la Constitución Política del Estado, señaló que una TCO “es el hábitat natural que históricamente han usado los pueblos indígenas para su reproducción cultural haciendo uso natural de los recursos existentes”. Agregó que es un espacio que los indígenas no la utilizan específicamente para el agro, sino para convivir con los bosques, ríos y toda la riqueza natural que la rodea.

La posibilidad de que se reconozcan más TCO en el país es parte de las reformas que plantea el Poder Ejecutivo a las modificaciones de la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) que se encuentra paralizada en la Cámara de Diputados por falta de consenso entre el oficialismo y la oposición.

Hoy se cumplen los 10 años de plazo que dio la Ley INRA para el saneamiento de tierras. Sin embargo, sólo se titularon el 10,7% del territorio previsto en 1996.

A partir de los resultados logrados en 10 años de vigencia de la ley, el ministro Salvatierra, dijo que a partir de “ahora la política del Gobierno será para beneficiar única y exclusivamente a los indígenas y campesinos” en todo el proceso referido a la titulación y distribución de tierra.

Y sobre el elemento político, si bien señaló que esto aún está en debate, mencionó también que deberá existir la “normativa necesaria para que puedan coexistir los derechos individuales de la tierra con los derechos colectivos”.

"Los colonizadores y campesinos tienen que entender que por más que sean 100, 200 ó 500, los pueblos indígenas tienen derecho a su reproducción histórica y los indígenas tienen que entender que los pequeños propietarios, campesinos, pequeñas y medias empresas, tienen derecho a producir y trabajar sus tierras como manda la ley.

No obstante, campesinos, colonizadores e indígenas tienen diferentes expectativas sobre la titulación de más TCO en el país.

Para los campesinos, “el título será la TCO, pero individualmente podremos unirnos y acceder a semillas, maquinaria y podremos producir en grandes cantidades incluso podremos exportar", sostuvo, Florentino Barrientos, secretario general de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).

Los colonizadores, están de acuerdo con la TCO, pero dicen que "a un número reducido de indígenas no se les puede entregar millones de hectáreas”. Todos tenemos derechos a la dotación de tierras", sostuvo Gerardo García, ejecutivo de los Colonizadores.

Los indígenas por su parte, consideran que para que la TCO los beneficie de manera efectiva, deben existir políticas públicas y seguridad jurídica. También exigirán al Gobierno poder político para la administración de su territorio con “autonomía indígena”, según sostuvo Eduardo Porozo, ejecutivo del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas de Bolivia.

Miguel Urioste, director de la fundación Tierra, expresó que la propuesta del Gobierno de ampliar las TCO en el país no es correcta porque en Bolivia la mayoría de la población es indígena y son propietarios de la nación entera. “No se necesita hacer territorios como si fueran minorías". Desde su punto de vista existe una confusión entre la titulación del derecho colectivo —las TCO— y la jurisdicción política y administrativa de los territorios”.