• LA PRESIÓN • Los reos de San Pedro, con pancartas y gritos, exigen que las autoridades atiendan sus demandas.

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Mientras, la protesta de cerca de 8.000 presos en las cárceles de Bolivia, con diversas y radicales medidas de presión, cumplió ayer su cuarto día. Este hecho provocó la preocupación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pidió ayer al Gobierno garantizar la vida e integridad física de los privados de libertad.

La negociación está estancada. El tratamiento de este tema pasó a manos del Congreso Nacional, que se reunirá la próxima semana, y no hoy como se dijo ayer, para analizar y modificar la ley de ejecución de penas, que abriría las puertas para que incluso los asesinos y violadores y multirreincidentes obtengan el beneficio del extramuro (dos días de cárcel por uno de libertad), después de 15 años de condena.

Sin embargo, ayer los partidos políticos con representación parlamentaria se inclinaron por evitar que condenados por esos delitos sean “medidos con la misma vara” que el resto de presos del país.

El senador del MAS Antonio Peredo dijo que se “flexibilizarán” los beneficios para los presos, pero reconoció la necesidad de fijar límites en la medida en que “no se puede establecer igual trato para todos los condenados”.

El jefe de bancada, también del partido en función de gobierno, César Navarro, aseguró que el extramuro y la redención no debe alcanzar a quienes tocaron, con sus delitos, “la sensibilidad y moral de la sociedad”.

Los legisladores de Podemos Fernando Messmer y Wálter Guiteras coincidieron en rechazar cualquier posibilidad de atender las demandas de los privados de libertad en los términos que plantean, porque consideran que permitir la salida irrestricta de peligrosos reos representaría poner en riesgo a la ciudadanía.

“Cuidado que por las acciones que están haciendo (los presos) estemos tomando decisiones que después se vayan a convertir en un riesgo para la sociedad”, advirtió Guiteras, quien fue en el pasado ministro de Gobierno.

El jefe de bancada de Unidad Nacional (UN), Peter Maldonado, descartó que su partido apoye un beneficio irrestricto para los presos, aunque su colega Alejandro Colanzi pide flexibilidad con mayores requisitos, entre ellos informes sicosociales para los internos peligrosos.

El diputado del MNR Mario Justiniano, como el resto de sus colegas, es de la línea de evitar dar beneficios a quienes dañaron a la sociedad con sus delitos.

Los legisladores anticipan un rechazo a los términos de las demandas de los 8.000 presos, quienes radicalizan sus protestas exigiendo además una ley de revisión extraordinaria de condenas, modificación de la Ley 1008 para bajar de 25 a 15 las condenas, y la solución a los problemas de derivados de las detenciones preventivas y las fianzas juratorias.

El director de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, espera que se amplíe este beneficio porque “cree en la rehabilitación”.

Datos

Presión • Los presos están decididos a lograr sus objetivos y radicalizaron sus medidas de presión exigiendo la igualdad jurídica.

Preocupación • La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hizo conocer su preocupación por la situación en las cárceles y pide al Ejecutivo garantizar la vida e integridad física de los presos.