En vísperas del plazo que da la Ley de Nacionalización de los Hidrocarburos (no es ley), para que las empresas migren a los nuevos contratos en las condiciones establecidas , la población, hombres y mujeres de este país, no sabemos en qué estamos. Si el plazo se amplía o el peso de la Ley caerá sobre las empresas petroleras.
Una vez que el teórico de la nacionalización a costo cero, rodó por las gradas desde el piso 9º del Palacio de Comunicaciones, se ha retomado el ritmo de las negociaciones en un ambiente de país civilizado y que considera a las empresas petroleras como sujetos de ley, despejando las imágenes del primero de mayo 2006 en las instalaciones industriales de estas empresas que fueron ocupadas por fuerzas militares en un acto vergonzoso, pueril e ingenuo.
El mayor productor, transportador y comprador del gas natural boliviano, ha postergado en varias oportunidades la presencia de sus negociadores y que responden al calendario político del mayor país de Sudamérica. Es así, nuestro tamaño e importancia como país en el contexto internacional y sobre todo respecto a los países limítrofes, se mide en la capacidad que tengamos como negociadores del único recurso natural que genera los ingresos más importantes al Tesoro General de la Nación.
Siguiendo el espíritu de la Ley de Hidrocarburos, se ha instruido realizar las auditorías de cada campo en producción y los resultados han sido presentados a las autoridades del sector, con foto y todo, pero como de costumbre esta información está condicionada al celo y reserva de la política de los hidrocarburos, está situación será hasta que nos enteremos por otras fuentes de las inversiones y el rendimiento de cada empresa petrolera. ¿Será tan difícil publicar estos resultados y comenzar a trabajar con transparencia y voluntad y acabar con ese lado oscuro de la burocracia y las cuestiones de Estado?
Se ha denunciado que las reservas (probadas y probables) de gas natural han disminuido ( PULSO, Nº 366) de 54.9 TCF a 48,7 TCF (Trillones de Pies Cúbicos), es decir 12 por ciento menos. Estas nuevas cifras han servido para modificar los planes y estrategias de las empresas interesadas en la producción de gas natural en Bolivia. Esperamos que la información de las auditorías realizadas no sólo se refieran a las inversiones realizadas por las empresas petroleras sino que hagan conocer en forma pública la información sobre la existencia de los volúmenes de gas natural, esperanza y futuro de los ingresos financieros al país. Existen sin duda empresas con experiencia y respaldo profesional (Noruega) que podían haber realizado estas auditorías, sin embargo se ha optado por la forma boliviana de contratar empresas poco conocidas y cuya responsabilidad es del tamaño de su reputación y profesionalismo.
Lo que se pide y exige es transparencia en los asuntos del Estado. Esas cifras de que el país va a recibir 17.000 millones de dólares por vender gas a la Argentina no tiene sustento, no se aclara (La Razón 15,10,2006) quién será el responsable de las inversiones para producir el gas que se pretende exportar, con quién se va a firmar el contrato, en qué condiciones, cuándo se va a construir el gasoducto argentino, cuál será el precio pactado, y una serie de interrogantes que tienen que ser contestadas y dejar de lado esa demagogia barata de hacernos creer que todo está perfecto, un país de maravilla, cuando los bolivianos no sabemos el destino de los cuantiosos ingresos que ahora percibe el Estado y que son el tema de los discursos del Presidente en todas las concentraciones y reuniones folklóricas y sindicales a las que asiste.
Ojneb Gross, el petróleo es oscuro, las negociaciones no.