Las universidades estatales a la deriva La autonomía universitaria es un patrimonio del país, en consecuencia merece las máximas consideraciones. Lo que está haciendo falta es que se la jerarquice, que responda a las necesidades del país y que se acaben los conflictos internos.
Los últimos conflictos que se han producido en las universidades estatales ponen en evidencia que el sistema se halla a la deriva, sin un timonel que haga los ajustes necesarios para conservar la vitalidad y frescura de la autonomía. Más bien, lo que se está imponiendo es el caos y la anarquía, pues hace tiempo que se ha quebrado el principio de autoridad.
Al implantarse la autonomía como resultado de un referéndum, en los años 30, se supuso que ésta era una conquista legítima y que sobre esa base las universidades darían el ejemplo al resto del país sobre las bondades de la independencia de gestión. Al eliminarse la injerencia de los gobiernos, lo que se esperaba es que las casas de estudios superiores se manejen con la suficiente competencia y excelencia, tanto en lo administrativo como en lo académico.
Al cabo de más de medio siglo de autonomía se puede decir, sin lugar a equívoco, que los resultados son decepcionantes. Las universidades pasaron a ser monstruos ingobernables. En su seno prevalecen las imposiciones, los caprichos y las complicidades entre los dirigentes estudiantiles y la cúpula dirigente de docentes y administrativos. El toma y daca es la moneda que circula, con lo que no se hace otra cosa que envilecer su funcionamiento y fomentar irregularidades.
En los últimos días salió a luz el hecho de que muchos docentes de la Universidad Gabriel René Moreno de Santa Cruz ganan más que el Presidente de la República. Con ello, se demostró que se está más allá del bien y del mal. Se actúa libremente, sin tomar en cuenta que la política de austeridad del actual Gobierno tiene que reflejarse necesariamente en todas las instancias de la administración del Estado, incluyendo, obviamente, a las universidades. Se ha dado el argumento de que no existe dinero para jubilaciones ni finiquitos y que es imposible reducir aquella planilla. Pero lo último que debieran argumentar las universidades es aquello, algún mecanismo creativo habrá para regular situaciones como éstas.
Otra de las grandes falencias que se registra en las universidades es la designación de catedráticos y directivos. Se aplica a discrecionalidad la normatividad que existe al respecto. Por esta causa afloran múltiples conflictos estudiantiles, los que van en perjuicio de la calidad y competencia de los egresados, pues se dan casos en que tales situaciones ocasionan las suspensiones de clases que, a veces, se extienden por semanas.
En general, puede también decirse que el sistema universitario vive a espaldas de los requerimientos del país. En vez de volcar sus esfuerzos a la formación de técnicos medios y superiores, se sigue fomentando el academicismo. No se repara en que el mercado nacional está sobresaturado de doctores y licenciados. Por último, corresponde anotar que en las universidades estatales no se hace investigación, ésta parece ser una mala palabra en los planes académicos.
Por todo lo mencionado y lo mucho que falta por decir, corresponde destacar que la autonomía universitaria es un patrimonio del país, en consecuencia merece las máximas consideraciones y respeto. Lo que está haciendo falta es que se la jerarquice, que responda a las necesidades del país y que se acaben los conflictos internos que tanto desprestigio le ocasionan.