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A lo largo de ese tiempo y hasta diciembre del 2005, el entonces Viceministerio de la Mujer planteó la ejecución de una serie de políticas públicas e influyó en otras. Por ello que al momento el país puede contar con una amplia legislación que favorece y beneficia a la mujer, así como reconoce sus capacidades como un ser humano capaz de participar activamente en la vida de un Estado.

Cuando se habla de avances en las políticas públicas dirigidas a la mujer, también se deben tocar los retrocesos. Y en ese contexto, como bien explica la experta en género Jenny Ibarnegaray, cuando se manifiesta de avances habrá que reconocer que éstos se dan de unas mujeres respecto de otras. Aquello significa que mientras la mujer de las áreas urbanas ahora tiene mayores oportunidades de acceder a servicios de salud, a la educación, o participa más en política. En el área rural, las mujeres de peores condiciones experimentan retrocesos.

"Una cosa distinta es que la mujer ahora sea profesional, pero otra es que gane igual que el varón o que tenga oportunidad de acceder a los mismos cargos de decisión. Una cosa es que la mujer acceda al Servicio Universal Materno Infantil (SUMI) como un reconocimiento a su condición de madre, pero otra es que goce de servicios de salud por el solo hecho de ser mujer. Una cosa es que existan más mujeres en cargos públicos o políticos y otra es que estén allí como titulares y no como suplentes", explicó Ibarnegaray.

En todo este análisis, el asunto más inquietante es el retroceso en la gestión pública, debido a que la última modificación que se realizó, a principio del gobierno, de la Ley de Ordenamiento del Poder Ejecutivo (LOPE), prácticamente el Viceministerio de la Mujer desapareció para convertirse en una Unidad operativa dentro del Ministerio de Justicia, sin poder de decisión política. Esto implica que el Plan Nacional de Políticas Públicas para el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres que se elaboró entre el 2003 – 2004, con respaldo de la cooperación internacional , y que estaba en plena ejecución, está en riesgo de paralización, si es que no lo está ya. Con ello, el Gobierno podría echar por la borda más de 3 millones de dólares que la cooperación internacional colocó a disposición del plan, así como el planteamiento de varias políticas que no sólo reconocían sino beneficiaban a las mujeres en peores condiciones en Bolivia, como las indígenas y campesinas del país.

Es necesario que el Gobierno replantee la necesidad de reponer el Viceministerio de la Mujer en el ámbito, además, del Ministerio de Planificación para el Desarrollo donde sería absolutamente necesario y estratégico.