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Llegar a esta conclusión no debió ser muy complicada más cuando la minería en la actualidad es operada, en su mayoría, a través de concesiones a los cooperativistas y bajo contratos de riesgo compartido, donde también funcionan cooperativas.

Eso significa que una equivocada política de nacionalización de minas, en el contexto actual, habría significado un conflicto incontenible entre el Estado y, fundamentalmente, los cooperativistas mineros.

Otro reconocimiento importante que hace el Gobierno es que en este momento el Estado boliviano no está en condiciones de invertir en la minería como para hacer referencia a “nacionalizaciones”. Las condiciones actuales de la Comibol sólo podrán sostener —por lo que se infiere— el tema urgente; es decir, Huanuni. Aunque existen criterios de expertos que sostienen que el plan elaborado para la explotación del cerro Posokoni no es precisamente el más apropiado y, por el contrario, se cree que era mejor llegar a un acuerdo para controlar las zonas de explotación inicialmente asignadas sin necesidad de complicar a Comibol con semejante carga social.

La minería no sólo requiere de una política meramente extractiva sino de una de largo plazo que incluya necesariamente inversiones en exploración de yacimientos para conocer a precisión cuál es el potencial minero con el que cuenta el país. Allí el Gobierno parece sí haber dado en el clavo, puesto que al reconocer que el Estado no tiene los recursos económicos para controlar las reservas mineras probadas y las probables deberá apuntar justamente a la búsqueda de inversiones.

Sólo así podrá plantear no “un paquete” de medidas sino una estrategia con perspectiva que incluya como socios estratégicos al Estado boliviano, a las ineludibles cooperativas mineras y a los inversores extranjeros. La minería funciona así.

Y en este asunto el Gobierno no puede volver a errar. Deberá tener el adecuado olfato político como para no desconocer a actores fundamentales de la minería boliviana: asalariados y cooperativistas. Desconocer o ignorar a éstos últimos sería una grave equivocación. El Gobierno debe aplicar el equilibrio.

Por otro lado, sería bueno que el Gobierno se apresure en establecer las reglas del juego para todo el sector privado, incluidas las cooperativas. Es preciso trabajar en conjunto en las modificaciones al Código Minero. Y, también, urge que se precisen el rol de la Comibol, el de las empresas privadas, de las cooperativas y de los mineros chicos. En este contexto, se debe alejar de la política minera futura las ambigüedades y contrasentidos. Es conveniente que el Gobierno tome conocimiento de todo el espectro de la minería y que asuma que en este sector no valen los experimentos de laboratorio.