La inseguridad crece en Bolivia Es imperativo que el Ministerio de Gobierno adopte acciones urgentes frente a la inseguridad ciudadana, quizá comenzando por coordinar con cuanta institución sea posible —incluidos los gobiernos municipales— una política de información y prevención.
No es exagerar ni pretender mucho menos inventar sensaciones, pero el país está viviendo una realidad de inseguridad y de violencia que no se puede esconder, producto de la creciente delincuencia callejera y organizada. Acá, el detalle no es la procedencia de los delincuentes sino la cantidad de delitos que se están cometiendo y la violencia e inseguridad que éstos representan para la ciudadanía.
Los atracos callejeros, robos a domicilios, asaltos a entidades bancarias, robo de vehículos, secuestros express, violaciones, y denuncias de todo tipo de violencia desatada representan una verdadera inquietud. Este sentimiento se justifica porque Bolivia no había experimentado tales grados de inseguridad y, por lo tanto, la ciudadanía —sin discriminación— no está preparada e informada para afrontar este clima de violencia urbana.
El crecimiento de la delincuencia puede ser desmenuzado desde diferentes ópticas. Algunos entendidos en la materia dirán que se ha incrementado por la situación de pobreza o por la escasez de empleo. Otros podrán advertir que se trata de un fenómeno que se da ante el crecimiento de las ciudades o por la desfiguración de los valores de la sociedad. Es decir, enfoques para intentar explicar el aumento del delito sobran, lo que no existen son mecanismos para concebir políticas de seguridad ciudadana donde la población y las instituciones sepan cómo afrontar situaciones de peligro inminente.
La Policía Nacional, pese a todos los esfuerzos que pueda desplegar, no tiene capacidad para afrontar el delito por factores conocidos. A ello, no es secreto para nadie que las fuerzas del orden son susceptibles de infiltración, de complicidad con el delito, lo que produce una corrupción interna que hasta ahora no ha podido ser frenada por gobierno alguno.
Ante tales evidencias, es imperativo que el Ministerio de Gobierno adopte acciones urgentes frente a semejante problemática, quizá comenzando por coordinar con cuanta institución sea posible —incluidos los gobiernos municipales— una política de información dirigida a todos los ciudadanos e instituciones susceptibles del delito para que éstos sepan cómo protegerse.
Una adecuada advertencia sobre cómo enfrentar los hechos delictivos puede ser de enorme valor para el país.
Bajo ese concepto, las entidades agrupadas en la Asociación de Bancos (Asoban) deberían asumir, de una vez por todas, sistemas de seguridad como en otros países, donde al ingreso de cada financiera, casa de cambio de monedas o entidad bancaria existan detectores de metales y alarmas de alerta temprana.
Los bolivianos, por lo general, son gente porfiada que en sus domicilios creen que basta una chapa o un candado para estar libres de cualquier desgracia. O dejan sus vehículos o pertenencias descuidadas. Igualmente, se fían de cualquier extraño para dejar a sus hijos o los desatienden en las vías públicas. Asimismo, se suben a transportes públicos no confiables.
Depende mucho de cuánta información posee una persona para saber cómo reaccionar frente al peligro, qué medidas de seguridad debe adoptar individual y colectivamente. Este tipo de datos debe ser una constante. Y es que ante la ausencia de una política de seguridad ciudadana vigente en el país, deben adoptarse otras medidas, probablemente, más efectivas.