Cambios necesarios a la democracia
María Teresa Zegada*

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Durante los últimos 20 años de ejercicio de la democracia representativa, los esfuerzos en términos institucionales, estuvieron orientados a establecer reglas claras, leyes, estabilidad política y regularidad electoral, objetivos absolutamente necesarios para consolidar la democracia y que fueron logrados con éxito por las distintas gestiones gubernamentales.

Es evidente que la democracia requiere de reglas jurídicas claras, normas sociales adecuadas para generar un clima de confianza y un Estado capaz de regular los conflictos y establecer un marco institucional estable, pero dichas condiciones no son suficientes, porque la democracia debe construir además procesos de ciudadanización, de participación social, y sobre todo consolidar una comunidad política común.

El proceso de crisis y la proximidad de la Asamblea Constituyente han puesto en evidencia las limitaciones del funcionamiento de la democracia boliviana restringido a la administración de la normatividad y a la gestión pública; pero más aún, han revelado los problemas de una administración concentrada en manos de ciertos partidos políticos que, desoyendo las voces de la sociedad, han optado por orientar el ejercicio democrático en función de intereses particulares, transgrediendo en muchos casos la propia institucionalidad tan costosamente lograda.

En ese sentido, una profunda reforma al sistema político implica establecer las bases de un nuevo diseño institucional que, además de los objetivos logrados, establezca mecanismos que

garanticen transparencia, institucionalidad en la gestión, eficiencia, control, capacidad de atender satisfactoriamente las necesidades sociales y la transición hacia una democracia más participativa. ¿Cómo? Al menos partiendo de una relación renovada entre los poderes del Estado, que no esté contaminada por la manipulación político-partidaria, mecanismos de control al ejercicio de la política pública, mejorar la capacidad representativa del Parlamento, y buscar un equilibrio necesario entre la eficiencia de la gestión pública y la legitimidad social.

Pero además, la realidad actual demanda una concepción renovada de democracia basada en la multiplicidad, la diversidad y las contradicciones estructurales plasmadas en posiciones subjetivas distintas, pero articuladas a un horizonte común. Es preciso remarcar que no existe un espacio constitutivo único de lo político sino un espacio basado en la existencia de sujetos múltiples y contradictorios pertenecientes a diversas comunidades sobrepuestas e interrelacionadas como base del pluralismo democrático que debe verse reflejado en la práctica institucional de la democracia.

La institucionalidad democrática no sólo debe cumplir con las tareas de representación formal de la política —condiciones absolutamente necesarias para su funcionamiento-, sino además tener la capacidad de frenar la arbitrariedad del ejercicio de la política, articular la diversidad social y cultural y sobre todo, en función de su legitimidad, lograr la capacidad de responder a las necesidades y expectativas sociales.

*María Teresa Zegada
es socióloga.