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Para lograrlo, presentaron una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que la admitió el 12 de octubre de 2005, y ahora la analiza en detalle, informaron fuentes del organismo.

En los 90, el Ejército Guerrillero Tupak Katari fue acusado de cometer al menos 50 atentados, como voladuras de torres de energía eléctrica y oleoductos. Este grupo se movilizó en El Alto, Oruro, Cochabamba y Sucre, y tuvo influencia en el movimiento campesino.

La justicia detuvo preventivamente, por este caso, en diferentes recintos carcelarios, a Álvaro García Linera (5 años, un mes), Felipe Quispe (4 años, 10 meses), Raúl García Linera (5 años, dos meses), Silvya de Alarcón Chumacera (5 años, dos meses), Raquel Gutiérrez Aguilar (5 años), Víctor Ortiz Quispe (cinco años, un mes), Silverio Maidana (4 años, 11 meses), Macario Tola (5 años, un mes), Santiago Yañique (4 años, 11 meses), Juan Carlos Pinto (4 años, 11 meses), Alejandro Choque (4 años, seis meses) y Mario Apanza (4 años, seis meses).

El 2004, ellos presentaron ante la CIDH una petición de admisibilidad de la denuncia, que se fundamentó, según el documento que se encuentra en la página web de la Organización de Estados Americanos (OEA), “en la violación de los derechos de integridad y libertad personal, garantías judiciales, protección de la honra y la dignidad, a la familia, a la propiedad privada y protección judicial en concordancia con los deberes de los Estados de respetar y garantizar los derechos establecidos en la convención”.

Todo esto, “a raíz de la detención arbitraria, hostigamiento a familiares, tortura, procesamiento y persecución indebida de las supuestas víctimas”, según denunciaron ante la CIDH.

Quispe Huanca, en agosto de 1992 reconoció que era el líder del EGTK. “Vamos a seguir luchando, es la única vía para los pueblos del campo, soy el padre y fundador del EGTK, soy el Mallku”, dijo a los periodistas.

Empero ayer, advirtió a este medio que quedó marcado. “Tenemos huellas, fuimos torturados por la Inteligencia del Estado, incomunicados, nos aislaron. Por eso hicimos declaraciones a derechos humanos”.

Además, señaló que la gestión ante la CIDH fue hecha “por Álvaro García y compañía. Pero implica a todos. Nosotros teníamos cinco vehículos, dinero, sufrimos el secuestro de nuestros bienes. Nadie comprobó que somos autores de los actos de violencia, actos terroristas, como ellos llaman. No hay una demostración científica de que efectivamente hayamos puesto bombas”. Cuando se le consultó si entre los resarcimientos se solicitaba una suma de al menos dos millones de dólares, como revelaron fuentes de la CIDH, respondió: “Yo creo que sí, está por ahí. Eso está calculado solamente de los años 1992, 93, 94, y 95. Porque, si hablaríamos de ahora, yo creo que sería otro”.

La CIDH solicitó, el 20 de mayo de 2004, una respuesta sobre el tema al Estado. Luego de recibirla y de evaluar las dos posturas, decidió, como señala el documento fechado el 12 de octubre, declararla admisible. Es decir, a iniciar una investigación en profundidad.

Una fuente de la CIDH confirmó, desde EEUU, que entre las sanciones que podrían aplicarse contra el Estado en estos casos van desde promover cambios en las leyes del país hasta resarcimientos económicos, “según requiera el demandante”, precisó.

Fragmentos de la posición presentada por los demandantes

Álvaro García Linera •
Se denuncia que fue objeto de golpes durante su detención. Se alegó que fue encapuchado, golpeado y trasladado a instalaciones militares, en donde permaneció, junto a otras dos personas, incomunicado durante cinco días, tiempo en el que fue torturado.

Raúl García Linera •
El 9 de marzo de 1993, él y su esposa, se alega, fueron detenidos por miembros de la Policía, en un violento operativo y sin una orden judicial de captura previamente expedida. La Fiscalía, en su descargo, dicen, alegó flagrancia como causal de la acción porque portaban armas.

Felipe Quispe Huanca •
El 19 de agosto de 1992, según el alegato él junto a Alejandro Choque y Mario Apanza fueron detenidos en La Paz. Se alega que había un mandamiento de aprehensión contra Quispe. No obstante, la Policía detuvo a las otras dos personas sin orden legal.

Raquel Gutiérrez Aguilar •
Se relata que el 9 de abril, 20 agentes vestidos de civil la capturaron en la residencia de Víctor Ortiz. Se la llevaron en presencia de la esposa de éste, quien estaba embarazada, y de sus cuatro hijos. Luego, los agentes habrían permanecido 14 días en la casa.

Sylvia Alarcón Chumacera •
Según los datos proporcionados a la CIDH, ella y su esposo, después de ser detenidos en un violento operativo policial, fueron retenidos e incomunicados durante 19 días en recintos secretos, pese a que, según alegaron en base a la ley vigente, debían ser puestos ante una autoridad en 24 horas.

Juan Carlos Pinto Q. •
El 13 de abril, según se alega, fue detenido en la puerta de su oficina, una pastoral juvenil. Dicen que según testigos, unos ocho agentes policiales lo tiraron al piso, lo encapucharon y lo metieron en un vehículo en el que fue trasladado a un sitio desconocido.

Hubo al menos 50 atentados

En agosto de 1992, en una casa de seguridad en El Alto, fue capturado tras un operativo policial Felipe Quispe, supuesto líder y fundador del Ejército Guerrillero Tupak Katari.

Tras su caída, cuando fue presentado a la prensa, Quispe corroboró la versión de que era el líder del grupo irregular que irrumpió en escena el 4 de julio de 1991 y que perpetró aproximadamente 50 atentados, entre los que se destacaron la voladura de torres de energía eléctrica (la que se produjo en El Alto fue la más importante) y de oleoductos. “El indio hace todo y el qh\'ara no hace nada, es por esto que nos alzamos en armas y algún día los Quispe, los Mamani vamos a gobernar”, dijo.

A esta detención, se sumó la de otros supuestos miembros del grupo, como la de los hermanos Álvaro y Raúl García Linera y las parejas de éstos, Raquel Gutiérrez y Silvia Alarcón, respectivamente, entre otros. Pero, luego se atrapó a seis personas más.

Los argumentos

Los denunciantes
La petición alega la detención arbitraria (sin órdenes), hostigamiento a los familiares de 11 bolivianos y una mexicana. Menciona que en el proceso penal se presentaron irregularidades, principalmente, la negativa de las autoridades para investigar sobre las alegaciones de torturas para obligar a los 12 a reconocer que formaban parte del grupo guerrillero.

El Estado
El Estado presentó sus observaciones el 28 de febrero de 2005 y solicitó la declaratoria de inadmisibilidad del caso. Basó su defensa en que los denunciantes pudieron revocar su detención preventiva y asumir su defensa en libertad. Además, que el juez que llevó el caso de 1992 al 2000 fue procesado por retardación.