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La firma de los contratos con las petroleras es un gran éxito para Bolivia y por supuesto para el Gobierno, que está vendiendo este proceso bajo la idea que, en aras de la “nacionalización de los hidrocarburos” no cedió nada. Pasada la euforia inicial y separando la paja del trigo, la verdad es que los acuerdos se produjeron sólo porque el Gobierno terminó dando concesiones en muchas áreas que las empresas exigían so pena de enfrentarse en los tribunales de arbitraje donde con toda seguridad Bolivia hubiera perdido, pero también las empresas ya que la incertidumbre en el sector hubiera continuado por lo menos un par de años más, tiempo que los mercados de gas de Argentina y Brasil no podían esperar.

Entre lo más importante que se cedió está que no se continuó exigiendo que las empresas invirtieran y tomaran todos los riesgos obteniendo tan sólo el 18% de los ingresos brutos (el acuerdo final hizo que este número se calcule sobre una base ajustable de ingresos menos costos, donde YPFB se obliga a conseguir mercados a precios que aseguren la recuperación de las inversiones y garantiza una rentabilidad mínima que oscilará entre 13% y 18%). También se aceptó que haya formas de pago adecuadas a la industria petrolera internacional, que haya un tiempo mínimo para recuperar la inversión, que las empresas tengan derecho, junto con YPFB, a comercializar la producción y que las inversiones sigan amparadas por los tratados bilaterales de protección ya que si bien los arbitrajes se realizarán en Bolivia, éstos serán bajo reglas de los tribunales de París o Nueva York (lo que viene a ser lo mismo). Además, y que es muy importante, las empresas están blindando sus contratos para que no haya la posibilidad de hacer cambios unilateralmente (a esto el Gobierno le llamó “dar seguridad jurídica”).

Por otra parte, es innegable que una favorable conjunción de factores fue crítica para que Bolivia exija y consiga un mayor porcentaje de los ingresos por la venta de sus hidrocarburos. El primero es que los precios del gas y el petróleo se incrementaron en un 300% con relación a diez años atrás, que fue el momento en que se firmaron los contratos iniciales; el segundo tiene que ver con que las empresas que operan en Bolivia ya habían recuperado una parte de sus inversiones y por lo tanto era posible negociar nuevas condiciones; el tercero es que se descubrieron megacampos en Bolivia, lo que permite que las empresas petroleras disminuyan sus costos unitarios y que el estado se lleve la parte del león sin que esto desincentive a la inversión extranjera, el cuarto es que Brasil terminó aceptando que en su matriz energética el gas era indispensable y que no fue un “error” el haber firmado un contrato para comprar 30 millones de metros cúbicos diarios a Bolivia (como lo afirmaba sardónicamente hace cuatro años su Ministra Dilma Russeff); el quinto es que Brasil y Argentina se olvidaron de esa estupidez económica y ambiental que era el megagasoducto para vender gas venezolano a ambos países (además, sacando a Bolivia de su mercado natural); el sexto es que Argentina lleva cinco años ejecutando una desastrosa política energética que ha llevado a que sus reservas de gas y petróleo se reduzcan peligrosamente a menos de 10 años, política que terminó favoreciendo a Bolivia ya que para salir del embrollo, Argentina le comprará gas a nuestro país a $US 5 por millar de pie cúbico, para vendérselo a Chile vía triangulación ( para cuidar eso de que “ni una molécula” de gas boliviano vaya a los chilenos) país que en definitiva está pagando el incremento de precios y que además está entrando a una crisis de grandes proporciones que le obligará a cambiar su matriz energética, volviéndola más cara.

Lo sucedido en el sector hidrocarburos es una señal importante por parte del Gobierno porque nos da esperanzas que al final, a pesar de los discursos beligerantes e incendiarios contra el modelo de mercado, el Gobierno respeta sus principios básicos y es capaz de llegar a buenos arreglos con el sector privado y es de esperar que también prime la cordura y se logre buenos acuerdos en algo que es aun más importante que el gas: la nueva Constitución Política del Estado.

Mario Requena
es cuerdo.