Según la economía libre de mercado los individuos, y no el Gobierno, son los que eficientemente asignan los recursos económicos, porque cuando lo hace el Estado no se cumple con el postulado de la racionalidad económica. Por esta razón, el ´primer mejor´ es un Estado que cumpla sólo las funciones clásicas de seguridad y de infraestructura, sin redistribuir ingresos. Si se insiste en hacerlo, se puede optar por el ´segundo mejor´, que consiste en dar dinero directamente a los pobres en lugar de programas sociales administrados por el Estado. Pero a los pobres, no a todos.
Este tema toma actualidad ante el incremento de recaudaciones por hidrocarburos para el Estado. Cuando no había el 32 por ciento de IDH, el flujo anual de ingresos por hidrocarburos era aproximadamente de 527 millones de dólares que representaban el 21 por ciento de sus ingresos y el 6 por ciento del PIB. Hoy, se ha incrementado a un monto anual del orden de 1.280 millones de dólares, que representan el 35 por ciento de los ingresos estatales y que es algo más del 12 por ciento del PIB.
Pero los ingresos por hidrocarburos tienen tres fuentes principales: el IDH, el más importante, representa un 51 por ciento; regalías, el 30 por ciento y, finalmente, está el Impuesto Especial a Hidrocarburos con el 19 por ciento; este último es el impuesto que se paga internamente por el consumo. Si nos referimos tan sólo al IDH su importancia disminuye porque se está hablando de un monto anual de 650 millones de dólares.
¿Qué debería hacerse no sólo con el IDH sino con el total de impuestos que contribuye/irá la actividad de hidrocarburos en el país, considerando la gran debilidad del Estado boliviano? Debería aplicarse a los siguientes propósitos: primero, a disminuir la deuda pública interna que está creciendo y que es cara; segundo, a fortalecer el Estado de Derecho y al aparato judicial porque sin una correcta administración de justicia el país no desarrollará; tercero, a la construcción de infraestructura para la producción; cuarto, seguridad alimentaria en municipios pobres; quinto, generalizar el servicio de salud a toda la población; y, sexto, para introducir una educación productiva y sustituir la sociologista.
Si se quiere incentivar y formalizar la actividad económica en el país, se podría también sustituir parte de los impuestos, que actualmente se recaudan, reduciendo las tasas impositivas —o eliminándolas— para los sectores de la pequeña y microempresa. El mejor incentivo a los pequeños empresarios es que no paguen impuestos, porque sus ahorros —como suelen ya hacerlo— se convertirían en inversiones abiertamente, y no como ahora que ocultan en la informalidad, precisamente para no pagar impuestos confiscatorios. Solamente las grandes empresas deberían pagar el impuesto a las utilidades.
Se dice que en Bolivia la tasa de evasión impositiva es muy alta, pero no se dice que el comportamiento racional de todo agente económico es, primero, destinar su ingreso al consumo, luego si le queda algo destinar al ahorro y, finalmente, a pagar impuestos si tiene más. La gente tiende a comparar el pago de impuestos, con países más avanzados que el nuestro, sin percatarse que el determinante principal de los mismos son los ingresos. Los desarrollados tienen un ingreso por habitante 30 veces más que en Bolivia. ¡Claro que pagan impuestos!
*Armando Méndez es economista.
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