Imprime esta nota Recomienda esta nota Opiniones sobre esta Nota

No obstante, ya resulta evidente que ese deseo de una mayoría ciudadana no se va a ver cumplido, debido a que el partido gobernante, el MAS, y el propio Jefe de Estado, están asumiendo una actitud que no es la señalada para que la Asamblea Constituyente arribe a una Constitución que esté elaborada como desean todos los bolivianos. Desde ya, es visible que habrá regiones que se opondrán al texto constitucional que se quiere imponer.

La nueva Constitución Política del Estado, que debería estar concluida el 6 de agosto del próximo año, tiene que ser la Ley de Leyes que se imponga para todos, pero si aquélla es motivo de presiones manifiestas de sectores sociales que no legislan, si se desconoce tratar temas que se había pactado incluir, si desde el Poder Ejecutivo se instruye a la mayoría de los asambleístas cómo deben actuar, entonces se está haciendo una Carta Magna para una parte de Bolivia, pero no para toda la nación.

La política tiene su lugar que es muy respetable, pero cuando se trata de redactar un documento que, se supone, creará un país nuevo y a la medida de los tiempos que corren, la política no puede determinarlo todo. Es así que ni el MAS ni el Presidente deberían hacer incitaciones a la presión sobre la capital de la República a los llamados movimientos sociales (en el fondo militantes o simpatizantes del partido de Gobierno), ni tampoco desconocer lo que expresó en su momento la Ley de Convocatoria a la Constituyente sobre la aprobación de los artículos de la Carta Magna, ni anunciar que una materia tan importante como las autonomías departamentales no van a ser consideradas, pese a que a través de un referéndum, en cuatro de los nueve departamentos ganó por amplia mayoría el SÍ a una Bolivia con un régimen de autonomías. Actuar de ese modo es poner en riesgo el total de lo avanzado en la última parte de este proceso democrático, que, con sus aciertos y errores, perdura ya desde hace 24 años.

Sobre todo en el asunto de las autonomías se debe tener un enorme cuidado y tacto, porque afirmar que se van a enviar refuerzos humanos a Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, para detener una propuesta autonómica que estaría alentando “la aristocracia de élites dominantes” es excesivo y raya en una provocación que puede traer momentos muy difíciles al Gobierno y al país. Si se desea desentrañar el concepto de autonomía o desde luego cómo funcionará el régimen de autonomías, eso puede discutirse en el seno de la Asamblea Constituyente, que para eso ha sido convocada en Sucre. Pero no parece en absoluto aconsejable que se determine que la autonomía será regional y originaria, porque eso es algo por lo que el pueblo boliviano no votó en el referéndum.

Las reacciones en los departamentos donde se impuso el SÍ no se han dejado esperar y todas, al unísono, han manifestado su enorme malestar y su firme propósito de hacer respetar lo que ha dicho el voto popular y tratar las autonomías en la Asamblea.