Los policías dan de su dinero para el seguro de vida El Estado no brinda ninguna prestación social a los miembros de la institución verde olivo, pese a que su labor arriesga a diario sus vidas.
EL DOLOR • Camaradas, amigos y familiares acompañaron al sargento Quenallata al Cementerio General de La Paz. Fue ayer.
Para no dejar desamparados económicamente a su pareja e hijos en caso de muerte durante el cumplimiento del deber, los policías deben trabajar y aportar mensualmente a un fondo de su institución, porque el Estado, que pide sus servicios en caso de disturbios, no les otorga ni un centavo en ese campo.
El sargento Juan Carlos Quenallata murió luego de que los cooperativistas que protestaban el sábado en Caihuasi hicieron explotar dinamita cerca a su cuerpo y le causaron daños irreparables. El presidente de la Mutual de Seguros de la Policía (Musepol), Freddy Zabala, informó que Paulina Aruquipa, su esposa, recibirá $us 8.000, por aportes individuales y recursos de la Policía Nacional.
“Además se pagará su fondo de retiro de un sueldo por año trabajado. Si trabajó 15 años recibirá 15 sueldos. Por muerte natural se paga 4.500 dólares”, explicó.
Los uniformados, policías y clases, deben aportar con el tres por ciento de su salario mensual a Musepol para un seguro, que también recibe ingresos por la entrega de cédulas de identidad, licencias de conducir, infracciones y rosetas de tránsito.
“De parte del Estado, la Policía no recibe ninguna prestación social, ningún seguro social”, explicó Zabala y reclamó que, a diferencia de la institución del orden, las FFAA se benefician del Estado con recursos en materia de prestaciones sociales.
Zabala informó que la institución que dirige también financia la cuota mortuoria de los policías pasivos, los bonos a “los sueldos miserables de los jubilados” y el fondo de retiro, que implica pagar un sueldo por año trabajado a los uniformados jubilados.
La muerte del sargento Juan Carlos Quenallata volvió a poner en discusión la protección social que brinda el Estado a quienes están encargados de la seguridad interna. La Razón trató de conocer la opinión del viceministro de Gobierno, Rafael Gamarra, pero la autoridad eludió el tema y derivó la consulta a la Policía.
El general Guido Arandia, presidente del Tribunal Disciplinario, consideró que el Gobierno, como representante del Estado debería otorgar un seguro de vida a los policías “en justicia, en equidad y porque estamos sometidos a un permanente riesgo”. La viuda del sargento Quenallata, Paulina Aruquipa, dijo que hasta ayer no se acercaron para informarle sobre la ayuda que recibiría y sólo le sugirieron que se dirija al Comando de la Policía. “Hasta ahora no nos han dicho nada, mañana (hoy) vamos a empezar con trámites”, dijo Aruquipa, quien deberá hacerse cargo sola de cuidar y mantener a sus cuatro niños.
Un policía, quien no quiso dar su nombre, pidió que las viudas de los policías reciban el sueldo de sus esposos hasta que “los hijos salgan profesionales. Todos los días, no sabemos si volveremos”.