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El caso, empero, es que no sólo la manipulan, sino que la usan para imponer sus exigencias y designios. Provocan explosiones de manera siniestra cuantas veces realizan manifestaciones, marchas o bloqueos, sea en pueblos, caminos o ciudades. Los cartuchos con contenido de nitroglicerina los lanzan como si fueran confites de carnaval.

La ciudad de La Paz, en particular, ha sido víctima de este comportamiento de los cooperativistas, en cuanta oportunidad llegaron para exteriorizar sus demandas o pretensiones. Ante semejante despliegue de violencia e imposición, la gente lo único que atina a hacer es correr por las calles y avenidas, espantada por accionar tan inhumano.

La reciente matanza ocurrida en el centro minero de Huanuni fue la demostración más impresionante de esta forma de proceder. Parte de las personas que murieron o resultaron heridas se debió al uso que los cooperativistas hicieron de la dinamita como instrumento de confrontación.

Pese a que en Huanuni llegaron a tal extremo, sin que hasta ahora hubieran prosperado los trámites para procesarlos ante la justicia, lo inaudito de su conducta delictuosa se registró en Caihuasi, en la carretera La Paz-Oruro, cuando un contingente policial los reprimió para que dejen de bloquear la vía.

La respuesta fue salvaje. Capturaron a varios policías, entre ellos al sargento Juan Carlos Quenallata; después de golpearlo, le hicieron explosionar la dinamita que le colocaron en el pecho. El infortunado servidor público murió luego de dos días de agonía. El tórax lo tenía vaciado, razón por la que no se pudo salvarle la vida, pese a las dos operaciones que le practicaron en Oruro.

Un caso tan estremecedor no debería quedar impune, la justicia tiene que responder al clamor público para que se castigue a los autores, algunos de los cuales estarían detenidos. Resulta cínica la respuesta dada por un dirigente de los cooperativistas, al decir que emplean la dinamita para “impresionar”.

En ninguna parte del mundo se ha sabido que la dinamita se maneje como si fuera un instrumento de lucha gremial. La excepción es Bolivia, debido a que en el pasado no se supo impedir que se apele a semejante exceso. Sin embargo, no es tarde para que el Parlamento o el propio Gobierno adopten alguna medida, por la que se prohíba terminantemente producir explosiones de dinamita —que es un recurso de trabajo— fuera de los socavones de los yacimientos mineros.

A su vez, los cooperativistas deberían hacer un acto de conciencia sobre lo criminal que es emplear la dinamita para “impresionar”, pues lo que hacen, en todo caso, es aterrorizar a la gente. Más todavía, causar muertos y heridos como si fuera una distracción demencial. Por todo ello, habría que declarar a los cooperativistas mineros “personas no gratas” para el país y los bolivianos.