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Las marchas de protesta se han convertido, en la última década, en algo casi cotidiano. Con el paso del tiempo, se las ha ido tomando como expresiones normales de descontento. Además, si antes las marchas se concentraban sólo en la región andina, ahora las vemos también en el oriente, aunque todavía con menor frecuencia.

Las marchas, por otra parte, como expresión de protesta, por lo general no son reprimidas por las autoridades, pese a que en su desarrollo algunas violan libertades fundamentales de otros ciudadanos, como son los derechos al libre desplazamiento por los caminos, a la seguridad en el transporte y a la libertad en el comercio.

Hasta hace poco, las marchas estaban dirigidas contra los gobiernos de turno, que no cumplían algunos compromisos adquiridos con las regiones o los sectores; o eran, simplemente, formas de presión para modificar políticas. Se comprendía que tales manifestaciones —por la vida, el gas, la coca— eran promovidas contra quienes gobernaban, ya que concluían en grandes concentraciones en la sede de gobierno, que tendían a llegar hasta la plaza Murillo para que sus protestas fueran oídas. Permitir el ingreso de muchedumbres hasta las puertas del Palacio de Gobierno era, eso sí, evitado por las fuerzas del orden por razones de seguridad normadas constitucionalmente.

Todos estos antecedentes sirven para medir el fenómeno que se vive ahora, sobre todo en La Paz, ciudad que está nuevamente a merced de las marchas de campesinos e indígenas que vienen desde provincias paceñas y desde regiones tan lejanas como el departamento de Santa Cruz. Esta vez estas expresiones cuentan con la protección oficial. Así lo han afirmado diversas autoridades del Ejecutivo y la misma titular del Ministerio de Gobierno, que dijo que por ser marchas pacíficas y reivindicativas, cuentan con el apoyo solidario de la sociedad civil. Las marchas llegan, pues, por primera vez, con escolta policial dispuesta por el Poder Ejecutivo.

Los marchistas han caminado, en algunos casos, durante 20 días. Es un sacrificio enorme, considerando además que hay mujeres y niños en los grupos. Su objetivo es presionar al Senado de la República a aprobar las modificaciones a la Ley INRA. Es una presión dirigida contra los senadores de la oposición que están en contra de las referidas modificaciones y que se niegan a conformar quórum en la Cámara Alta. Por lo que se sabe, los campesinos e indígenas podrán llegar hasta la plaza Murillo, no a reclamar ante el Palacio Quemado, sino a respaldarlo, presionando al Palacio Legislativo.

Tales características de la protesta implican, más que nunca, una enorme responsabilidad para el Gobierno y también para los legisladores. Es verdad que no se puede aprobar leyes bajo presión, menos una tan importante. Es cierto que movilizar gente con fines políticos y en condiciones tan adversas resulta una temeridad. Pero los marchistas están ya aquí y los ciudadanos de La Paz van a sufrir también por la ocupación de las calles. Ojalá no haya desmanes, violencia, por la incapacidad —que de eso se trata en el fondo— para gestionar a nivel de las autoridades. Frente a ello, se ha movido a toda esa gente que querrá ver resultados que justifiquen el sacrificio.