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En oportunidad de comentar tal logro, destacamos que tanto el Jefe del Estado como los prefectos son producto del voto popular, o sea que se trataba de las autoridades ejecutivas de más alto rango en el país. Se añadió que por ser tal su legitimidad, lo conveniente para el interés nacional es que el Gobierno y los prefectos trabajen de manera concertada.

Fue pues en esa circunstancia tan favorable que el Gobierno dio cuenta de que elaboró un proyecto de ley para someter a los prefectos a la fiscalización de los parlamentarios y que éstos tendrían la facultad de censurar a los prefectos, si el caso ameritaba. Ante tal eventualidad, lo que se previó era revocarles sus mandatos a los prefectos censurados y llamar a elecciones para elegir a las nuevas autoridades departamentales.

Sin duda, el gesto del Gobierno resultó ser inamistoso e incluso beligerante. Demostró que no estaba dispuesto a tolerar la presencia de prefectos opositores y buscó un pretexto artificial para lograr la salida de las autoridades departamentales que no conciliaban su gestión con la del Poder Ejecutivo, pese al acuerdo de coordinación que se alcanzó en la reunión ya mencionada.

Carece de asidero aquello de decir que los prefectos no tienen fiscalización, en el pasado han tenido y en el futuro seguirán teniendo, a través de la Contraloría General de la República. Otro tanto sucede con el propio Poder Ejecutivo, el cual está igualmente sometido a la fiscalización de la Contraloría.

En el caso de que hubiesen observaciones a este trabajo, lo adecuado era pedir al Congreso una modificación de la Ley Safco o su sustitución por otro mecanismo de fiscalización más severo que ésta.

Un gobierno elegido democráticamente, como el actual, tiene que estar dispuesto a compartir el poder descentralizado, tanto en el nivel intermedio como en el comunal. Más todavía, cuando se concertó la convocatoria al Referéndum constituyente y autonómico se aceptó la existencia de las autonomías departamentales, tal como se hizo a nivel municipal con la Ley de Participación Popular.

Los prefectos de la llamada “media luna” con toda razón se han sentido agredidos por la forma en que quiere actuar el Gobierno y, por tanto, están en el derecho de reaccionar contra el avasallamiento al que se quiere someterlos. La primera actitud contenciosa salió del Poder Ejecutivo, de manera que no se podía esperar que la respuesta sea con ramilletes de flores.

En la reunión que tuvieron en Cochabamba, bajo la agresividad de partidarios del Gobierno, acordaron tomar acciones de hecho, una vez que venza el plazo de 72 horas que le han dado a éste para que desista de su proyecto; pero, además, que se impongan los dos tercios en las votaciones de la Asamblea Constituyente. La provocación iba a recibir igual respuesta.