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El asalto a un templo católico en la ciudad de La Paz, por parte de una turba partidaria del Gobierno, ha demostrado fehacientemente que, en este momento, no hay garantías en el país para ejercer el derecho a la protesta contra los excesos en que incurre el oficialismo en la Asamblea Constituyente.

La propia ministra de Gobierno, Alicia Muñoz, dijo a la prensa que la Policía tenía tareas “más prioritarias” que el resguardar los sitios donde se realizan las huelgas de hambre, las cuales están dirigidas a exigir el cumplimiento de los dos tercios en las votaciones de la Constituyente.

Precisamente, después que la ministra ordenó el retiro de la Policía de la iglesia de San Francisco, se produjo la irrupción a su interior por parte de simpatizantes del Gobierno, entre mujeres y hombres. En particular buscaban al escritor Juan Claudio Lechín, quien, afortunadamente, logró escapar. Luego, se dedicaron a destrozar el lugar y a quemar las pertenencias que dejaron abandonadas los ayunantes.

A pesar de que las autoridades del Ejecutivo, empezando en el presidente Evo Morales y terminando en el vocero oficial, sostienen que son demócratas, en los hechos no lo demuestran. Están intoxicados con la ideología autoritaria que profesan. En estas condiciones, menos se puede esperar que practiquen la tolerancia al disenso, que es la suprema virtud de la democracia.

Cuando los bolivianos esperaban que el nuevo Gobierno devolvería al país la tranquilidad perdida en años precedentes, lo que ahora sucede es todo lo contrario. La tensión pública está dominando la escena nacional. Los sobresaltos se producen a diario, por el afán desmedido del Ejecutivo de hacer cambios en todo, al extremo de virtualmente haber desaparecido la institucionalidad, construida con tanto esfuerzo en los 24 años de vida democrática que tiene el país. Más aún, Bolivia está siendo fragmentada de la forma más irresponsable e inimaginable, para lo que se esgrime el revanchismo y los odios ancestrales. Unas veces mintiendo sin decoro alguno y otras exacerbando los ánimos.

El Gobierno no está midiendo el alcance que están tomando los movimientos a favor de la democracia. Tampoco parece darse cuenta que está jugando con fuego al enfrentar a las regiones. No se está percatando de que la unidad del país está en riesgo.

A este paso, las expectativas depositadas en la Asamblea Constituyente tienden a frustrarse. Mucho se había insistido en que sería la oportunidad más propicia para concertar el pacto social que está haciendo falta. Se han cumplido cuatro meses desde su instalación y hasta ahora no se entró en materia, es decir, en el tratamiento de los asuntos constitucionales.

Se considera que vistos los acontecimientos, los asambleístas tienen la enorme responsabilidad de responderle ahora al país y de escuchar las exigencias sectoriales y ciudadanas. Es en el escenario de la Asamblea —cuya soberanía e independencia debe ser retomada—, vía una solución política y, a la vez, técnica que se debe resolver este encono. La exigencia que crece con fortaleza es que se apliquen los dos tercios en las votaciones de cada artículo, de lo contrario sería innecesaria la Asamblea Constituyente. La ley no puede ser dislocada al gusto de las conveniencias partidarias. O se la cumple en su integridad o no se la aplica. Así de claro y transparente tiene que ser su cumplimiento.