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Entre el decreto supremo del presidente Evo Morales que nacionalizó los hidrocarburos, con una participación boliviana de 95% sobre la explotación y producción de los campos de San Alberto y San Antonio, y el contrato firmado al fin de la negociación (80%), medió una diferencia de 15%, explicó Gabrielli durante una audiencia pública organizada por la Cámara de Diputados.

“Son contratos equilibrados que garantizan rentabilidad adecuada y permiten evaluar nuevas inversiones”. “No tenemos ningún perjuicio, pero tal vez ganaremos un poco menos”, comentó el ejecutivo de Petrobras.

La participación del Gobierno boliviano como resultado de los acuerdos firmados entre las dos empresas, a la luz de la revocada Ley de Hidrocarburos, era de cerca de 60%, aumentó a 76% con la norma vigente desde el 2005 y ahora será de cerca de 80% según los nuevos contratos, indicó.

En la reunión de ayer en Santa Cruz, los equipos de YPFB y de Petrobras que revisan la cláusula de precio del contrato de compra-venta de gas natural (GSA), acordaron someter a sus directorios la propuesta de ampliar 120 días las discusiones del GSA, para que en ese tiempo se estudie y evalúe propuestas que puedan satisfacer los intereses de ambas empresas, señala un informe emitido por YPFB.

Se trata de una iniciativa para buscar alternativas mutuamente aceptables a las posiciones planteadas, añade. La Razón y AFP