• UNA SESIÓN PASADA • En la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados se aprobó el martes este proyecto.

Imprime esta nota Recomienda esta nota Opiniones sobre esta Nota

La norma será aplicada no sólo a funcionarios públicos, sino a empleados de entidades financieras, Organizaciones No Gubernamentales (ONG), mutuales, superintendencias, universidades, cooperativas, personas privadas, naturales o jurídicas, etc.

Las disposiciones se aplicarán a actividades de la banca, actividades hoteleras, juegos de azar, despachadores de aduana, casas de cambio, notarios de fe pública, partidos políticos y agrupaciones ciudadanas, y otros.

El documento crea el Ministerio de Transparencia, levanta el secreto bancario, protege a los denunciantes y a los intervinientes. Hace modificaciones e inclusiones a los códigos Penal y Civil y de Procedimiento Penal y Civil.

Pedro Biscay, director de la ONG denominada Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), hizo varias observaciones al proyecto de ley anticorrupción.

En uno de los artículos se determina la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y en otro la realización de juicios a personas declaradas en rebeldía (ausentes). “Ambos generan un retraso en materia de reconocimiento de principios y garantías constitucionales. Lejos de ser una mejora para perseguir los delitos de corrupción, se transforma en un serio retroceso al desarrollo de políticas públicas orientadas a controlar y perseguir este fenómeno”.

Un abogado consultado por La Razón indicó que la imprescriptibilidad atenta contra los derechos de las personas.

Según Biscay, hay una crítica al artículo 26 que señala la modificación del artículo 375 del Código de Procedimiento Civil sobre la carga de la prueba. Se da una “inversión de la carga de la prueba que establece en materia de procedimientos civiles”.

El proyecto señala que “el Estado únicamente estará obligado a demostrar la calidad actual o pasada de funcionario público o, la relación del demandado con un funcionario público, y la existencia de los bienes y activos que acrecientan ilegítimamente el patrimonio de alguno de los demandados. En estos casos la carga de la prueba para demostrar la legitimidad del acrecimiento patrimonial incumbirá al demandado”.

Biscay comentó que “es una forma de distorsionar el funcionamiento tradicional del procedimiento civil donde las pruebas son dinámicas. De modo que si la Fiscalía quiere probar que hay un caso de enriquecimiento ilícito tiene que probar el origen ilícito de los bienes y la parte acusada tiene que probar que los bienes tienen un origen lícito. La carga probatoria más dura y más pesada recae sobre la persona que tiene los bienes que el Estado pretende reclamar para sí”.

Hay otras observaciones a varios puntos que “no contribuyen a fortalecer las políticas anticorrupción”. Por ejemplo, el artículo 26 que modifica el tiempo de duración del proceso de investigación a 18 meses desde la etapa preliminar hasta la acusación.

Para Biscay, los tiempos son muy cortos, tanto el de duración de un proceso completo que según la ley es de tres años, como el de investigación. “El tiempo está alejado de la realidad de los delitos económicos... En el exterior, lo que tarda un juicio con sentencia es de cinco a 15 años”.

El abogado consultado por este medio señaló que la etapa del juicio oral es la que más tiempo demora. “A veces no van los jueces ciudadanos y para una nueva audiencia hay que esperar por lo menos uno o dos meses”.

El proyecto espera su aprobación en la Cámara de Diputados. Su objetivo es proteger el patrimonio de Estado por medio de una lucha contra la corrupción, a través de mecanismos de control, prevención y educación.