Lo racional es que en la Asamblea Constituyente prevalezcan la conciliación y el consenso. Por todo ello, no tienen cabida la soberbia ni los alardes de supremacía del MAS. El clamor ciudadano es la convivencia pacífica y la preservación de la unidad del país.
Han transcurrido más de cuatro meses sin que la Asamblea Constituyente hubiera encontrado su rumbo. Se atascó en una cuestión elemental, como es la elaboración de su Reglamento de Debates, instrumento en el que sólo se tienen que sentar las bases de su funcionamiento y, en caso alguno, tomar determinaciones que hagan al fondo de sus deliberaciones.
El error ha radicado en que no se hizo funcionar un órgano preconstituyente, como inicialmente se había previsto. En realidad, llegó a funcionar este cuerpo, integrado por personalidades representativas y, en especial, ajenas a toda militancia política. Lamentablemente, al instalarse el gobierno de Evo Morales se procedió a disolverlo, sin ofrecer una explicación al país.
Hubiera sido un acierto que en ese escenario se establezcan los términos en que debía funcionar la Asamblea, acatando únicamente la Ley Especial de Convocatoria al Referéndum. De esta forma, no habría habido margen para que las distintas parcialidades políticas representadas en la Asamblea se empecinen en imponer sus propias conveniencias y designios.
Así, sin un norte previamente definido, se dieron comienzo a las reuniones, con la finalidad primigenia de aprobar el Reglamento de Debates. El primer motivo de dura controversia fue la aprobación, por la mayoría que ostenta el Movimiento al Socialismo (MAS), del artículo uno del Reglamento, según el cual la Asamblea Constituyente es originaria, fundacional y plenipotenciaria, características que no le fueron conferidas por la Ley de Convocatoria al Referéndum.
La oposición cuestionó también que una conceptualización de tal naturaleza no tiene que figurar en el Reglamento, puesto que su objetivo se limita a ser simplemente funcional, pero, en caso alguno, enunciativa de sus alcances constitucionales.
Aunque la mayoría oficialista logró aprobar casi el texto completo del Reglamento, en un clima de constante confrontación, lo que rechaza la oposición, secundada por los cuatro departamentos donde se impuso la autonomía, es que la Constitución se aprueba con una fórmula mixta, esto es que sea por la mayoría que ostenta el MAS y en algunos casos por dos tercios de los votos.
El rechazo a este intento alcanzó dimensiones excepcionales, con los multitudinarios cabildos ciudadanos realizados en Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, aparte de que un día antes se realizó también una demostración de similares características en Cochabamba. A ellos, se añadieron huelgas de hambre y vigilias nocturnas realizadas en todo el país.
A estas alturas, la situación se ha tornado crítica. El país está dividido. En este punto cabe anotar que la votación que tuvo el MAS en el Referéndum fue del 50,72%, habiendo perdido más de 200.000 sufragios de los obtenidos en las elecciones generales.
En estas condiciones, lo racional es que en la Asamblea Constituyente prevalezcan la conciliación y el consenso, puesto que los que no votaron por el MAS quiere decir que no lo aceptan. Entre los que votaron en blanco, anularon su voto y se abstuvieron suman 1.051.928 electores. Por todo ello, no tienen cabida la soberbia ni los alardes de supremacía del MAS. El clamor ciudadano es la convivencia pacífica y la preservación de la unidad del país.