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De esta forma, el Gobierno cumplió su empeño de expulsar del país a esta empresa extranjera. Acató también una demanda de vecinos de El Alto que estaban disconformes con la indexación de las tarifas del agua con el dólar estadounidense, así como a lo que sostenían que era muy caro el costo de las instalaciones del servicio de alcantarillado.

A partir de la fecha, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) asumirá por seis meses la administración de Aguas del Illimani, luego se creará una empresa pública del agua en La Paz y El Alto, para lo que se dispondrá de un capital de arranque de 5,5 millones de dólares, provistos por la Unión Europea y el Gobierno de Venezuela.

Morales destacó que "la lucha del pueblo alteño y de otras fuerzas sociales no ha sido en vano", aludiendo a las movilizaciones vecinales de los años 2004 y 2005 para que se expulse a Aguas del Illimani (AISA). El Mandatario anunció que, igualmente, otras empresas transnacionales tienen que pasar a manos del Estado, citando entre ellas a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones.

El dirigente vecinal de El Alto Abel Mamani encabezó el movimiento contra AISA, mérito por el que Morales le creó el Ministerio de Aguas y lo designó como su titular.

A estas alturas y ante ninguna otra acción importante de dicha cartera de gobierno, parecería que el Ministerio de Aguas fue creado para concretar, justamente, la salida de AISA. La tarea ha sido laboriosa, pues se evitó pagar una indemnización, como inicialmente pretendió AISA. Empero, la operación tampoco fue fácil ni gratuita.

De los 46 millones de dólares que AISA invirtió en diez años de operaciones (el contrato preveía 30 millones), 15,1 millones de dólares es la deuda que asume el Estado para la salida de AISA: 9,6 millones en créditos que obtuvo del BID y la CAF, y 5,5 millones para pagar a los accionistas bolivianos. Aparte del crédito de 5,5 millones de dólares de la Unión Europea y Venezuela, oficialmente se anunció que en el primer quinquenio de operaciones se requerirá de 35 millones de dólares para las nuevas conexiones y la construcción de plantas de tratamiento.

De los datos anteriores, emergen necesariamente algunas preguntas. ¿Era necesario endeudar al Estado o, en última instancia, a los usuarios? ¿No era mejor que la empresa privada cubra las obligaciones que le correspondían hacer para prestar los servicios a los que se había comprometido? ¿Cómo se cubrirán las nuevas inversiones? Algo más. Las autoridades gubernamentales han anunciado que no se rebajarán las tarifas ni los costos de las conexiones de los alcantarillados. ¿Entonces, qué beneficio han obtenido los vecinos de La Paz y El Alto? Todo se reduciría a que "los paceños y alteños somos dueños del cien por ciento de las acciones de AISA", como dijo Mamani.

Por donde se observe, la recuperación de la empresa de agua en La Paz ha sido y, por lo visto, seguirá siendo traumática.