• Las Autoridades • En la foto de archivo se observa una asamblea de comunarios en el altiplano de La Paz.

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Jorge Miranda, asesor del Viceministerio de Justicia Comunitaria, explicó que la autoridad originaria llamará a una asamblea para analizar y establecer sanciones en este tipo de delitos que involucran a la comunidad.

El principio filosófico es que no existe culpables individuales, sino “todos somos culpables”, señaló el funcionario.

El Ejecutivo aprobó el proyecto de ley de Justicia Comunitaria de los Pueblos Indígenas y Comunidades Indígenas, que se espera sea aprobada en el Congreso en febrero. La iniciativa, en su reglamentación incluirá las prácticas de los 36 pueblos indígenas.

A diferencia de la justicia ordinaria, la “sentencia” de la comunidad no podrá ser apelada por el afectado a ninguna instancia. Entre las sanciones para violadores está la expulsión de la comunidad. “Este castigo es mucho más fuerte que el meterlo a la cárcel por cinco o diez años, y sale peor de lo que han entrado. En caso de violaciones, es la muerte civil”, añadió. Las autoridades originarias, sin embargo, tendrán la posibilidad de derivar estos casos a la justicia ordinaria, aunque lo ideal, dijo, será que lo resuelvan. Los castigos con “chicotazos”, el palo ensebado y trabajos comunitarios serán parte de la sanción.

“El pensamiento occidental ha definido la justicia en categorías, penal, civil y otras. En caso de la justicia comunitaria es integral, sin diferencias”, dijo y explicó que las sentencias estarán en actas que irán a consejos regionales y a uno nacional de justicia comunitaria, que se crearán.

Casos de justicia

Robo • Un niño de 11 años robaba en su comunidad y se decidió castigar con trabajos comunitarios a sus padres.

Violación • En este caso, la comunidad obligó al violador a casarse con la víctima.

Asesinato • Un hombre en una comunidad de Potosí mató y su comunidad ordenó que entregue como resarcimiento una vaca y 1.000 bolivianos.