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Estaba previamente anunciada que la situación política en Cochabamba estaría complicada o se vería seriamente mermada. Los movimientos sociales habían amenazado con dejar fuera de la Prefectura al prefecto Manfred Reyes Villa por considerarlo un “traidor a los intereses regionales”, al haber osado evidenciar su simpatía con el proceso autonómico de Oriente y Tarija y convocar a la ciudadanía a un cabildo para pronunciarse públicamente a favor.

Ese fue su error. O su pecado. Y en una actitud de franca intolerancia al principio de disentir en democracia, alrededor de 40 organizaciones sociales de Cochabamba lideradas por la Central Obrera Departamental (COD), claramente enfilada al Movimiento al Socialismo (MAS), determinaron presionar con movilizaciones y vigilias para lograr la salida “voluntaria” de Reyes Villa. Incluso sugirieron la convocatoria a un referéndum de revocatoria de mandato. La respuesta del Prefecto fue inmediata. Dijo que no renunciará al cargo y determinó confrontar con las herramientas que le otorga la ley la presión sectorial.

Producto de la insensatez, movida por estrategias de la política perversa, y como consecuencia de una obligada marcha forzada, Cochabamba ha vivido ayer una jornada violenta, vergonzosa y preocupante por muchas circunstancias.

El conflicto que existe en Cochabamba es, en definitiva, un pésimo antecedente para el sistema democrático. No sólo porque es la muestra más evidente de la intolerancia de la que pueden ser presos los sindicatos, alentados irresponsablemente por el Gobierno, sino también por el peligro que representa el tener una posición política diferente en el país.

Pero más allá. Esta presión que se ejerce sobre el Prefecto de Cochabamba, en este caso, nace producto de la desfiguración que se le quiere hacer al Estado de Derecho vigente.

Llegar al extremo de quemar las instalaciones de la Prefectura para amedrentar al Prefecto de Cochabamba, que al igual que los ocho prefectos del país, es una autoridad legalmente constituida, elegida por la vía del voto ciudadano, es un acto que merece sanción. Nada justifica los actos vandálicos en Cochabamba y se esperará, frente a los hechos, que la Fiscalía actúe de oficio, investigue con independencia y concluya con el requerimiento del inicio de un proceso judicial a quienes corresponda.

El Gobierno ha negado cualquier injerencia en la tensión que vive Cochabamba, acusa al Prefecto e incluso ha pretendido mezclar las cosas intentando echar sombra sobre el primer año de gestión de Reyes Villa, que sin duda es otro asunto.

Sin embargo, el Gobierno tiene responsabilidad por el hecho de que la ministra de Gobierno, Alicia Muñoz, haya negado respaldo y garantías a Reyes Villa, arguyendo que se trata de un problema regional. Lamentablemente, la ministra esta vez cayó en otra de sus tristes intervenciones con la prensa. Pero vaya contrasentido, cuando el flamante comandante departamental de la Policía, Wilge Obleas Espinoza, da una orden en el marco de sus atribuciones y ante la amenaza de una toma violenta a la Prefectura de Cochabamba, es relevado de su cargo y destituido, por órdenes superiores provenientes del Ejecutivo.

En todo este episodio de evidentes conjuras políticas, el riesgo de este tira y afloja en Cochabamba es que se produzca un lío mayor, con consecuencias y sin remedio. Y, lo más grave, son los antecedentes que se están dejando en tiempos democráticos.