• LAS COMUNIDADES CAMPESINAS. Éste fue un simulacro de un proceso de justicia comunitaria. La foto se tomó el 2003.

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El constitucionalista y senador de Podemos Luis Vásquez dijo que uno de los derechos de los ciudadanos es la “certeza” jurídica, que principalmente radica “en el derecho escrito”. Es decir, aclaró, los acusados deben saber sus derechos y obligaciones y “no depender del arbitrio de alguien (autoridad originaria)”.

El presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Javier Guachalla, coincide con este criterio y asegura que los términos de la actual propuesta de ley vulneran los derechos fundamentales al debido proceso, que están inscritos en la Constitución Política del Estado y acuerdos y convenciones internacionales.

“Es verdad esto. En todo momento se tiene que respetar el principio de la inocencia, a nadie se le puede decir que es responsable de un acto delictivo sin antes escucharle y juzgarle debidamente. También tiene derecho a exigir defensa en condiciones que le garantiza la Constitución”.

La propuesta de justicia comunitaria otorga a la autoridad originaria la potestad de definir, junto a una asamblea del pueblo, la pena contra quien hubiera cometido un delito. Se anticipó que en una violación se castigará al autor con la expulsión de la comunidad, y en caso de asesinato el responsable se hará cargo de la familia de la víctima.

La garantía del debido proceso, entre ellos derecho a la defensa, se encuentra inscrito en el Pacto de San José de Costa Rica, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Carta Interamericana de los Derechos Humanos, recordó Vásquez.

“No puede depender (la aplicación de la justicia) del arbitrio de alguien, un jilakata o del sabio del pueblo. Se desconoce en qué caso y cómo se aplica una norma y eso da lugar a decisiones arbitrarias, y da lugar a un proceso de destrucción del sistema de seguridad jurídica”, dijo.

“En un Estado sólo puede haber un sistema de administración de justicia”, explicó en coincidencia con el diputado de UN Peter Maldonado, quien aseguró que lo contrario vulneraría el ordenamiento legal.

El abogado Guachalla calificó de una “barbaridad” si se implementa este sistema de justicia en zonas donde hay jueces. Además, considera que se debe aplicar límites a esta práctica.

El vicepresidente de esta institución, Bernardo Wáyar, opina que en Bolivia hay una “dualidad” en la forma de aplicar la justicia, “toda vez que la justicia comunitaria se ejerce desde hace generaciones y está reconocida por la propia Carta Magna”. Aunque dijo que sería imposible normar una sola justicia comunitaria por sus particularidades.

Justicia comunitaria

Proyecto • El gobierno de Evo Morales aprobó un proyecto de ley de justicia comunitaria, que derivó al Congreso Nacional para su tratamiento.

MAS • El diputado José Pimentel dice que la ley debe compatibilizar a la legislación vigente.

Castigo • En caso de violaciones se expulsará al responsable de la comunidad. También se castigará con chicotazos otros delitos.

Dualidad • El constitucionalista Luis Vásquez aseguró que en un Estado no puede haber “dos justicias”, porque generaría inseguridad jurídica en Bolivia.

Abogados • El Colegio de Abogados considera una “barbaridad” llevar la justicia comunitaria a zonas rurales donde hay jueces.

Choque • Las características de esta ley chocaría con convenios internacionales de DDHH.