La crisis política que azota a la llajta tiene varias dimensiones y remite a múltiples causas. Entre ellas se encuentra la irresuelta crisis de representación de los intereses regionales que se originó en ocasión de la ´guerra del agua´ en abril de 2004 que arrasó con la legitimidad del comité cívico, institución que no volvió a recuperar su capacidad para aglutinar las demandas de los diversos sectores de la sociedad regional. Tampoco surgió una entidad alternativa con posibilidad de sustituir el rol del ente cívico porque la Coordinadora del Agua enfiló su accionar hacia demandas extra-regionales como la nacionalización y la asamblea constituyente. Adicionalmente, las fuerzas políticas que se incubaron en la región a fines de los noventa —como el MAS y NFR— se orientaron hacia el escenario político nacional sin mostrar mayor interés en desplegar propuestas para la región, al margen de asumir posiciones contrapuestas en el sistema de partidos. Es decir, la cochabambina es una sociedad que carece de liderazgo y proyecto regional compartido por los actores estratégicos.
Con estos antecedentes, el conflicto actual incorpora un ingrediente de la disputa política nacional que se expresa en la confrontación en torno al tema de las autonomías departamentales. La fractura política y territorial que se expresó a nivel nacional en diciembre pasado se manifiesta regionalmente, estos días, en una confrontación entre el oficialismo que promueve una acción directa de organizaciones sociales dirigida a forzar la renuncia del prefecto Reyes Villa y una difusa oposición que se manifiesta en la intención de promover un nuevo referéndum departamental en torno al tema autonómico, postura que es concebida por el partido de gobierno como apoyo a las posiciones de la ´media luna´.
En ese contexto, la solución política parecía y parece obvia a partir de una decisión que implique que ninguno de los bandos termine perdiendo, esto es, que ambos desistan en sus propósitos. Empero, estos escarceos políticos resultan meramente episódicos frente a la grave fractura que se ha producido en la sociedad cochabambina en términos de confrontación étnico-cultural, puesto que el sitio realizado por campesinos cocaleros y regantes generó una reacción de sectores medios urbanos produciéndose lamentables enfrentamientos fratricidas por el control de ´la ciudad´. Los prejuicios se transmutaron en violencia y las diferencias definieron y definen las relaciones a partir de criterios de negación del ´otro´. Si algunos dirigentes cocaleros esgrimían el inverosímil argumento de la presencia de ´cambas´, algunos voceros de los sectores medios invocaban la necesidad de expulsar a los ´salvajes´. Estamos ante una exacerbación de la política de la identidad que se traduce en una terrible fractura social en términos étnico-culturales en una sociedad que no mostraba esos contornos y que no merece ser el espacio de disputa en una ´guerra de posiciones´ que es resultado de la incapacidad de despliegue de una acción hegemónica por parte del MAS y la inconsistencia de una oposición política carente de propuestas alternativas.
*Fernando Mayorga es sociólogo.
Suma Qamaña
El desarrollo integral debe tomar en cuenta a todos los y las actores y sectores sociales excluidos de la sociedad. El actual Plan Nacional de Desarrollo en su capítulo sobre la concepción del Estado presenta aún sesgos que conspiran contra esta integralidad.
El 2015
La Organización de las Naciones Unidas ha instituido el año 2015 como el año para las metas del milenio, metas vinculadas a los diferentes niveles de desarrollo que la humanidad persigue desde hace centurias.
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No se necesita ser yatiri para vaticinar lo que se viene en el Poder Judicial, sentenciaba un amigo que me adjuntó un despacho de Human Rights Watch, centinela de los derechos humanos
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“Aprendan a mandar". Ésa fue la recomendación de Bertold Brecht a la clase obrera alemana en medio de los avatares de la República de Weimar, aludiendo a la necesidad de que las clases subalternas adquieran determinadas técnicas de mando