La jornada de ayer merece un giro en la conducción política del conjunto de los liderazgos en el país. La convocatoria a la paz es un imperativo, porque la lección que deja Cochabamba es que con la violencia no existen vencedores ni vencidos, sólo perdedores.
La confrontación y la fragmentación política que vive el país ha cobrado víctimas fatales y decenas de heridos en un escenario inmerecido como la ciudad de Cochabamba, que aturdida por la tensión de más de una semana, con una población confundida, enfrentada y enardecida por enconos extremos, ha vivido una jornada sangrienta que malogra terrible y riesgosamente el sistema democrático.
Fueron bolivianos contra bolivianos. Un acto fratricida, donde se enfrentaron miles de ciudadanos jóvenes a nombre de la defensa de la democracia y del prefecto Reyes Villa y armados con garrote, a otros tantos miles de campesinos cocaleros y regantes provenientes de sindicatos enfilados en el Movimiento al Socialismo (MAS), igualmente cargados con piedras, ondas y palos. La consigna se impuso de un lado y de otro. No hubo policía que valga ni orden que prevalezca.
El pronóstico de confrontación directa y violenta estaba dictado desde el momento mismo en que falló todo intento de diálogo y la voluntad política fracasó estrepitosamente entre los emisarios del Gobierno y el Prefecto cochabambino. Ninguno bajó la guardia y pretendieron acercarse sobre la base de una ciudad sitiada y un departamento bloqueado.
Pero faltan a la verdad quienes pretenden convencer al país de que hubo intención de voluntad de diálogo. El diálogo y la negociación comienzan el momento en que ambas partes en conflicto terminan por ceder posturas. El Gobierno debió detener el avance de los movimientos sociales sobre Cochabamba, como muestra de su voluntad política de aportar a la solución, mientras que Reyes Villa, más allá de defender su legítima posición política, debió abrirse primero a la posibilidad de una conciliación pacífica, dando el ejemplo.
Pero más allá de los sucesos que dejan un nefasto antecedente, están otras cuestiones de fondo. El país está experimentando los efectos del discurso de la violencia. De aquel que convoca permanentemente a la confrontación, a la provocación, al falso poder. El lenguaje de la violencia genera violencia. Y éste, cuando proviene del Gobierno, conculca derechos y libertades.
Los incidentes de Cochabamba no son producto de una circunstancia, son el punto de quiebre más peligroso que puede probar la democracia ante la acumulación de contrasentidos de la política, en general, y de la forma de gobernar, en particular.
El propio viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, reconocía que el rumbo que había adoptado el Gobierno, cuyo discurso es apropiado y reproducido por los sindicatos, estaba errado porque, lejos de conseguir un objetivo, lo único que se estaba logrando era hacer crecer a un líder opositor como Manfred Reyes Villa, a costa de victimizarlo.
¿Quién pierde con Cochabamba? Todos. Pero en particular, pierde el Gobierno, que en medio de esta crisis persiste con atacar al adversario, con hacer política —de esa que se le critica a Reyes Villa— y con hablar de conspiración, a tiempo de aclarar que no es tiempo de venganzas ni de amedrentamiento.
La jornada de ayer merece un giro en la conducción política del conjunto de los liderazgos en el país. La convocatoria a la paz es un imperativo, porque la lección que deja Cochabamba es que con la violencia no existen vencedores ni vencidos, sólo perdedores.