• EN EL ALTIPLANO • En la iglesia de Tacamara se realiza un ritual, antes de que las autoridades den el veredicto.

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Pena de muerte en norte Potosí Dos autoridades del Conamaq afirman que al que asesina, como castigo, se le entierra en vida.

La justicia ordinaria Un informe del 2005 dice que los fiscales rechazaron 96% de las causas penales, por ser “casos de bagatela”.

Los jueces de Paz El anterior Gobierno promulgó la Ley 3324 que los crea para las zonas rurales. Su reglamento no está elaborado.

Un hombre cometió adulterio, violación y brujería contra una mujer. Ella denunció el hecho 10 a 15 años más tarde porque “hubo daños colaterales”. Para solucionar el caso, la autoridad originaria, Anselmo Martínez, kuraca del ayllu Parantaca, en la provincia Tomás Frías de Potosí, tuvo que aplicar la justicia comunitaria.

“El caso no pudo ser solucionado en la justicia ordinaria porque no se encontró nada. Me entregaron al infractor y regresamos al ayllu. Reuní a las personas de mayor edad, autoridades originarias y la comunidad e hice una averiguación. Como no estaba claro, opté por los rituales”.

Martínez contó que se hizo el juramento, un ritual que consistía en poner una prenda negra en el piso y bloques de sal donde él tenía que estar de rodillas. “Eso es para que el inculpado no esconda nada, porque la sal es parte de la Pachamama y si él está mintiendo la Pacha se lo consume”.

Allí, el hombre negó los delitos cometidos, pese a ello recibió tres chicotazos con un lazo de cuero de ocho amarres. Pidió perdón y agradeció por el castigo. El caso fue cerrado con los debidos rituales. A los dos años, esa persona murió, mientras que a la mujer no le pasó nada. “La justicia es divina”, comentó Martínez.

En varias poblaciones del país se aplica la justicia originaria. Los encargados, según tres mallkus del Consejo Nacional de Markas y Ayllus de Qullasuyo (Conamaq), son las autoridades originarias, los ancianos y los sabios.

Ellos se encargan de recibir las denuncias, investigar los hechos y también de dictar las sentencias a los infractores. Las sanciones van desde una llamada de atención, chicotazos, trabajo para la comunidad, la expulsión del ayllu, e incluso la muerte.

Por lo general, la justicia comunitaria se aplica en los sectores donde no llegan los jueces, fiscales ni policías. Las investigaciones que realizan las autoridades incluyen el seguimiento de huellas (pisadas), en caso de robos; o el preguntar a la Pachamama, mediante rituales, para descubrir al culpable.

El acusado, según Martínez, no tiene derecho a la defensa. “Ahí no existen los abogados” y las decisiones de las autoridades no pueden ser apeladas, pues no existen instancias superiores.

Eusebio Pizarro, de la regional Jaquisa, en la marka de Pampa Aullagas, del ayllu Sujtita, en Oruro, informó que en su región la justicia comunitaria era aplicada por los ancestros. “Los delitos eran por robo de ganado y por invadir la propiedad, no había asesinatos ni violaciones”.

En su ayllu la justicia comunitaria es practicada sólo para casos menores, “pero está olvidada, porque existe un juzgado en el lugar”. Martín Condori, jiliri apumallku del Conamaq y mallku del ayllu Charcas, K\'ara K\'ara, al norte de Potosí, dijo que la aplicación de la justicia varía de una región a otra. Aseguró que ésta es más rápida de la que se da en las urbes.

Condori informó que cuando la persona comete tres veces el delito debe abandonar el ayllu. Y, para dejar constancia, se llenan actas, que son antecedentes que pasan a las autoridades futuras.

Martínez, Pizarro y Condori coincidieron en que la justicia del campo no son los linchamientos.

Iván Lima, experto en temas de justicia, explicó que la justicia comunitaria “es un sistema complementario a la justicia oficial, cuando ésta no puede llegar a un lugar”. Pero, indicó que tiene reglas que no son claras.

   El procedimiento paso por paso

La denuncia • La reciben las autoridades originarias. Los casos que más se presentan, según el mallku Anselmo Martínez, son “los robos y el faltamiento a la autoridad”.

La investigación • Es veloz y está a cargo de las autoridades originarias. Ellos preguntan a la misma comunidad para obtener pistas. Hay ocasiones en las que participan otros ayllus. En el caso de robo a una casa, por ejemplo, se siguen las huellas de las pisadas para hallar al ladrón. En un asesinato, si no se encuentra al autor se recurre a ritos.

Rituales • El más usado es el coca jahuachi, que es preguntar a la coca para encontrar al culpable. Otro ritual es el del juramento donde se coloca un manto negro y bloques de sal, o una imagen como el caso de la comunidad Tacamara, del Altiplano paceño. Esto se hace para que tanto el acusado como el acusador no mientan con respecto a su versión. Si se da el engaño, con el tiempo la persona se enferma o muere. Otros ritos implican sacar las calaveras del cementerio y encender velas para preguntar.

Sanciones • Las autoridades se encargan de castigar al infractor a través de: llamadas de atención, chicotazos, construcción de infraestructuras para la comunidad, el palo santo (tronco hueco con hormigas), trabajar para la familia que sufrió el daño o incluso la pena de muerte. Luego, el caso se cierra, se lo registra en un acta y la persona es tratada como antes.

Algunas diferencias

Visión del conflicto • La justicia oficial busca la prevención, la sanción y el castigo. En cambio, la justicia comunitaria busca la reparación del daño.

Tiempo y cárcel • En la justicia ordinaria la espera de la solución del caso es mayor y cuesta dinero. En la originaria la resolución es veloz y no tiene cárcel.

Proyecto de ley • El Gobierno presentó un proyecto que propone que la justicia originaria esté al mismo nivel de la ordinaria. Ambas tendrán el mismo rango.

Tribunal Constitucional • Reconoce a la justicia comunitaria y emite el primer fallo sobre este tema en 2003. Hasta ahora surgieron como unos 20 casos.

Normas • La Constitución Política del Estado y el Código de Procedimiento Penal reconocen la práctica de la justicia originaria.