La evaluación del proyecto del Mutún
Jorge Torres Obleas*

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Los procesos de decisión sobre inversiones/negocios en los ámbitos público y privado tienen aspectos en común; sin embargo, al responder a objetivos muy diferentes deben considerar criterios y parámetros de evaluación diferenciados.

No cabe duda de que el objetivo de un agente económico privado —´maximizar las ganancias´—es mucho más preciso y concreto que el objetivo que busca el Estado al asignar recursos públicos —´maximizar la atención de las necesidades de la sociedad´—; por lo que, en términos del cálculo de los correspondientes flujos y criterios, resulta más complicado y engorroso demostrar la factibilidad de una decisión de inversión en el sector público que en el privado.

En el caso del proyecto de explotación de los yacimientos del Mutún, cuyos iniciales estudios técnicos se realizaron hace cinco décadas y último estudio de factibilidad hace 20 años, daría la impresión de que su justificación técnica y económica ha resultado especialmente complicada, sobre todo si se tiene en cuenta su permanente situación de indefinición.

En el año 2005 se llevó adelante la licitación de El Mutún bajo la modalidad de suscripción de un contrato de riesgo compartido con el Estado y poco antes de la apertura de propuestas la actual gestión gubernamental

introdujo una modificación sustancial en los pliegos de condiciones de la licitación, con el objetivo de mejorar la posición del Estado boliviano, lograr la industrialización del mineral y evitar una deforestación en el entorno del proyecto.

De esa manera, cuando en agosto del año pasado el Gobierno anunció la adjudicación del correspondiente contrato de riesgo compartido a la empresa india Jindal Steel & Power, se tenía la impresión de que los problemas en torno a la justificación y/o demostración de la factibilidad del proyecto del Mutún desde la perspectiva pública, habían concluido.

Una situación que se vio reforzada por los anuncios formulados por las autoridades competentes en sentido de que se había logrado: incrementar de 18 a 200 millones de dólares los ingresos anuales para el Estado, a través de una participación después de impuestos del 64%; un compromiso de inversión de 2.100 millones de dólares; una generación de 6.700 empleos directos y 15.000 indirectos; y, todo ello, en el marco de un plan de industrialización que incluía producción de acero.

Sin embargo, a estas alturas llama la atención que después de una serie de postergaciones, aún no se ha suscrito el contrato que pondrá en marcha el proyecto del Mutún, ya que no se tendría una evaluación concluyente sobre: la conveniencia de otorgar un subsidio al precio de gas natural; la factibilidad de la construcción de un gasoducto y de un tramo ferroviario entre otras obras. Todo parece indicar que el problema consiste en: ¿cómo evaluar, más allá del flujo de caja empresarial, los beneficios y costos económicos para el país?

Se trata de una tarea que deberá realizarse en el marco de una evaluación económica a precios de cuenta que, en definitiva, podría sopesar los beneficios asociados a una producción con valor agregado y a miles de empleos generados frente a costos relacionados con subsidios e impactos ambientales negativos. Una tarea bastante compleja, pero ineludible.

*Jorge Torres
es docente universitario.
jorgetorresobleas@hotmail.com