Esa delgada línea roja
Carmen Beatriz Ruiz*

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2007: El presidente Evo Morales anuncia el nombramiento de nueve delega- dos departamentales para apoyar una ´mayor presencia estatal en todo el territorio nacional´ y conforma la Coordinadora Política Nacional para el cambio, con 60 delegados del MAS, con la principal misión de prevenir conflictos y mejorar la coordinación del Poder Ejecutivo y hacer efectivo el proceso de cambio.

2004: El presidente Carlos Mesa nombró a Francesco Zaratti su delegado para asuntos de la Capitalización. También nombró a Guadalupe Cajías como delegada Anticorrupción.

2003: El presidente Gonzalo Sánchez de Lozada nombró a Carlos Virreyra Delegado para asuntos de la Capitalización. El ´Cuarto de Guerra´ era el nombre extraoficial con que se conocía a la reunión de los operadores políticos dirigidos por el Presidente.

1997: El presidente Hugo Banzer nombró su delegado en la ciudad de El Alto al padre Sebastián Obermaier, para atender planes de desarrollo.

1989: El presidente Jaime Paz Zamora conformó el Consejo Político del Acuerdo Patriótico (COPAP) para coordinar las acciones de los partidos de esa coalición.

El párrafo anterior es sólo un botón de muestra de los sucesivos ejercicios de coordinación y delegación que se han estado proponiendo en el Estado boliviano. El ejercicio del poder político entraña una amplia variedad de matices que van desde la responsabilidad hasta la vanidad, según quiénes y para qué lo ejercen, pero tiene una constante, y es que requiere de niveles de institucionalidad.

Pensándolo positivamente nada hay de malo en este ejercicio por sí mismo, a no ser esa impenitente tendencia a que cada nuevo grupo en el poder piense que los anteriores lo hicieron todo mal. Quizá de ahí nace la compulsión de comenzar de cero, a borrón y cuenta nueva. Quizá de ahí parte, entre otras causas, esta nuestra estructural manera de estar comenzando siempre y la resistencia a acumular nuestras precarias fortalezas.

Sin embargo, pese a esa tendencia y compulsión, hay un eje fundamental cuya trayectoria puede reconocerse en todos los gobiernos de nuestros últimos 25 años de construcción democrática: la tensión entre el manejo político del poder y la construcción de una institucionalidad estatal, hasta ahora embrionaria, cuando no esquiva.

Se necesita institucionalidad en el Estado para hacer realidad los sueños de cambio, para cumplir con las promesas electorales, para coordinar las fuerzas en coalición, para enfrentar las fuerzas en pugna, para canalizar las demandas, siempre excesivas; para construir equilibrios con intereses internacionales… sin una mínima institucionalidad no hay gobierno que aguante… ni pueblo que lo resista.

Hoy por hoy, en nuestro país, lo más básico y germinal de la institucionalidad democrática es el respeto al voto ciudadano, universal, libre y obligatorio, según reza nuestra Constitución. Más allá de las personas están los acuerdos democráticos, que nos rigen mientras no tengamos otras reglas.

Si no aceptamos que nuestro voto vale para construir esa institucionalidad que todos, gobernantes y gobernados, nece- sitamos, entonces estamos rayando la cancha con esa delgada línea roja que, una vez abierta, sabemos dónde comienza, pero no dónde puede acabar.

*Carmen Beatriz Ruiz
es comunicadora social.