• QUEMADA Y ABANDONADA.Un duro golpe a la institucionalidad fue lo sucedido con la prefectura cochabambina, que luego de ser quemada quedó sin la conducción del prefecto electo.

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Cochabamba. Otra vez Cochabamba. Hoy como hace seis años la Llajta es el pretexto para reavivar un viejo debate y develar una recurrente realidad: la aún inconclusa construcción de la institucionalidad.

La palabra misma —que a costa de sobreentenderla antes que comprenderla pierde sentido— invita a abandonar prematuramente cualquier lectura ante el temor de caer en la desgastada retórica de que “sin institucionalidad no hay Estado de Derecho”, otra frase de moda, aunque muy pocas veces bien presentada, especialmente si es usada —y abusada— por los protagonistas de un eventual conflicto.

A ninguna hay que temer. Primero, porque están casadas ya que, ciertamente, “sin institucionalidad no hay Estado de Derecho”. Y segundo, porque todos los individuos en sociedad, sin excepción, participamos cotidianamente en la construcción de ambas.

Sea en una reunión en familia o al iniciar la gestión de un trámite ante una entidad pública. Sea a través de la elección de una autoridad de gobierno o sufragando en un evento electoral. Desde el escritorio de un juez o magistrado o en la firma de un contrato petrolero. Al forjar la democracia o alentar la independencia de poderes. En suma, cuando convenimos las reglas del juego y especialmente acordamos cumplirlas. Es en estos momentos cuando nos movemos en el marco de un Estado de Derecho y fortalecemos nuestras instituciones.

No es el caso, en cambio, de quienes abandonan sus funciones públicas o de los que impulsan la destitución de una autoridad sólo por diferencias ideológicas. Tampoco lo es de los que, confundidos en la multitud, arremeten contra la propiedad privada o de quienes violan los derechos de terceros. Ni es el caso de quienes copan las instituciones públicas favorecidos por el partido ni de los que roban a costa del Estado.

El efecto en estos casos es diametralmente contrario: cada quien termina haciendo lo que quiere con el consiguiente debilitamiento institucional.

De éstas últimas, más que de las primeras, hay ejemplos de sobra en la historia del país, causa, entre otras, de la inacabada construcción de las instituciones.

A pesar de ello, sin embargo, muchas de estas instituciones han demostrado su fortaleza cuando ésta fue puesta a prueba, y de ello son manifiestos los ejemplos en el último quinquenio: las crisis de febrero y octubre del 2003, junio del 2005 y enero de este año, como recordando que apenas han pasado seis desde abril del 2000 y la denominada Guerra del Agua, la protesta social que puso a los regantes contra una transnacional y a la que finalmente echó del país. Primera señal de alerta en un todavía novel siglo, signado por la molestia generalizada contra un Estado que agoniza y dando paso a otro que —como muchos han coincidido— todavía no acaba de nacer. Zanjar este doloroso tránsito es la tarea encargada a la Asamblea Constituyente, de cuyo parto se espera el florecimiento de nuevas instituciones, proceso que el actual gobierno entiende como una “revolución institucional”.

Veamos pues en qué consiste esta profunda y ambiciosa reforma, cuáles son los posibles caminos a tomar y cuáles las probables piedras en el camino.

Siendo, como dijimos, que el Estado de Derecho hace referencia a la existencia y funcionamiento de un conjunto de reglas de juego previamente acordadas, las que a su vez establecen la relación del Estado con los individuos, éste, el Estado de Derecho, es producto —como dice Germán Burgos, analista del Instituto Internacional de Gobernabilidad de Catalunya de España— “de un conjunto de arreglos institucionales”.

Esto supone —en la actual coyuntura— pactos previos entre los actores políticos y sociales con presencia en la Asamblea Constituyente. Si bien dichos acuerdos habrá que trabajarlos en el camino —ya que no fueron gestionados en la llamada etapa preconstituyente—, no puede desdeñarse lo hecho anteriormente ni dejar de aprender de los errores del pasado.

Lo que sucede es que “antes que aprender a concertar, los bolivianos aprendemos a asociarnos, ya sea para gobernar o para resistir el gobierno. De este modo, uno cuida sus propios intereses y no así los del país”, dice el economista Flavio Machicado.

Esta visión hizo que la sociedad adopte una posición de rechazo a la institucionalidad, que se refleja en la “apropiación” de sus instituciones por sectores organizados, como los sindicatos, por ejemplo.

“En sociedades avanzadas, la salud y la educación están en manos del Estado, aquí lo están en manos de los sindicatos”, lamenta Machicado.

Pero en este vicio también incurren las élites gobernantes y de ello son ejemplo los llamados acuerdos políticos de gobernabilidad, que si bien lograron desempantanar ciertas crisis políticas también fueron instrumento para la toma de las instituciones públicas por parte de los militantes de los partidos impulsores de dichos acuerdos, convirtiéndose en caldo de cultivo de innumerables y sucesivos casos de corrupción.

Aunque el actual gobierno es presentado como de “transición” de estas viejas prácticas a una de “revolución institucional” —tal cual lo entiende el asambleísta del Movimiento Al Socialismo Raúl Prada—, no es inmune a reproducir dichas prácticas y, en algún momento, utilizar las propias leyes e instituciones para este fin.

“A cualquier gobierno que haya ganado con el porcentaje con el que ganó el MAS, lo que más le conviene es utilizar las leyes y las instituciones vigentes. Puede hacer los cambios que quiera con la ley en la mano, y más cuando la actual Constitución es altamente centralista y presidencialista”, opina el analista Wálter Guevara Anaya, quien a manera de contrapeso matiza su posición y conviene en que la victoria del MAS es una demostración de que el sistema funciona. Después de todo, “la mayoría de la gente ha puesto (en el poder) a quienes querían poner”, sentencia.

“Si el pacto que hagamos producto de la Constituyente es de verdad, la sociedad en su conjunto deberá aceptar las nuevas reglas del juego”, dice Flavio Machicado.

Entre el optimismo y la frustración

Dos visiones optimistas sobre la buena salud de las instituciones son las de Salvador Romero Ballivián, presidente de la Corte Nacional Electoral (CNE), y la de Waldo Albarracín, defensor del Pueblo.

“La calidad de la democracia es muy superior a la de hace 20 años, ya que se construyeron instituciones capaces de garantizar derechos y ciudadanía”, opina el presidente de la CNE, entidad que ha logrado pasar en los últimos 15 años de ser un apetecido “botín” político a una de las instituciones más creíbles del país (ver cuadro).

“Pese a los avatares, las instituciones son fuertes. Sé que hay riesgos, pero tengo la convicción de que la institucionalidad seguirá fortaleciéndose”, asegura por su parte Albarracín.

Quizás entre los riesgos a los que el Defensor se refiere está la presunción del partido gobernante, MAS, de que es el elegido para consumar el llamado cambio. Sucede cuando uno se mete a la cabeza la idea de que “el poder soy yo”, interviene el economista Flavio Machicado.

Algo de ello debió sentir Waldo Albarracín cuando desde Palacio le sugirieron —como él mismo recuerda— que quizás el Defensor del Pueblo, como institución, estaba ya demás “porque el pueblo ya estaba en el poder”.

Esta percepción puede, entre otras cosas, inflar las expectativas que se han creado alrededor de este gobierno, y si ellas no son satisfechas, el resultado —como dice la teoría sicológica— no será otra que la frustración.

“La brecha entre las expectativas y la capacidad de gestión puede llevarnos a una crisis que puede resolverse otra vez en las calles”, advierte al respecto el analista Wálter Guevara. “Octubre (del 2003) puede repetirse si no se cumplen las promesas hechas”, complementa Machicado.

“No sucederá porque estamos conscientes del cambio de actitud, de que no debemos reproducir los viejos esquemas, de que hay que construir institucionalidad”, cierra a manera de respuesta el viceministro de Descentralización, Fabián Yaksic.