Tiempos y acuerdos
María Teresa Zegada*

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Después de seis meses de discusión sobre el reglamento de debates de la Asamblea Constituyente finalmente se encuentra una luz al final del túnel, es decir la posibilidad de una salida consensuada que permita iniciar la esperada discusión sobre el texto constitucional; ya que, como se dijo en repetidas ocasiones, el resultado esperado de la Asamblea en un contexto de crisis, no es solamente redactar una nueva Constitución, sino también reconstituir los pactos y acuerdos fracturados; por lo cual ninguna opción de imposición podrá funcionar con éxito.

Si bien es plausible encontrar una salida política para viabilizar la discusión, tal como está planteada, es posible que se trate simplemente de una postergación de los conflictos para el futuro, es decir, que en realidad lleguemos a julio o agosto con buena parte de la Constitución irresuelta y sometida a una consulta popular. Es preferible tomarse un tiempo más para encontrar una fórmula más adecuada de consenso, y avanzar positivamente de la manera prevista.

Imaginemos el escenario del Referéndum sobre los artículos no consensuados sin contar con el otro Referéndum que se deberá convocar después para ratificar la totalidad del texto constitucional. Dadas las condiciones de confrontación y polaridad existentes, es posible que el ciudadano se encuentre con mucho más de una pregunta para tomar una posición en las urnas, y con seguridad se tratará de temas bastante complejos, o por lo menos, que no forman parte de la discusión cotidiana de los ciudadanos. Este solo hecho requerirá un proceso medianamente amplio de difusión, debate e información que no creemos que pueda realizarse en un mes, como está previsto en alguna de las propuestas, porque de lo contrario primarán consignas políticas, marketing político y una votación no reflexiva sino mediada por los liderazgos políticos o posiciones maniqueístas. Esto sin considerar el alto costo económico para los partidos, agrupaciones y la entidad electoral que tendrán que asumir estas tareas en el menor tiempo posible.

Una rápida mirada a las principales propuestas difundidas hasta el momento, permite constatar que se trata de textos abstractos como “un estado social comunitario”, o “un Estado social de derecho”, etc. que evidentemente requieren de una explicación amplia de su significado y alcances durante la campaña electoral.

Finalmente, suponiendo que se logre un resultado exitoso del Referéndum, es decir, que se garantice una importante concurrencia de ciudadanos y votaciones aceptables en los casos consultados, el riesgo evidentemente es que se cuente con artículos ´ganadores´ tan divergentes que constituyan un texto incoherente, contradictorio y que inviabilice su aplicación.

Pero el escenario se pinta peor cuando se considera la realización de una consulta concurrente de los temas irresueltos junto con la aprobación total del texto constitucional —todavía inexistente cuando se vote por él—. Consideramos que, si bien se trata de viabilizar el funcionamiento de la Asamblea, al mismo tiempo deben evaluarse bien los mecanismos de esta decisión que recaería sobre la responsabilidad ciudadana. ¿Nos corresponde como ciudadanos asumir esa responsabilidad, cuando se supone que hemos elegido representantes aptos que se encuentran reunidos hace seis meses para ese fin, con un costo económico y político para el país?

*María Teresa Zegada
es socióloga.