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La presente época de lluvias pone en evidencia, una vez más, que no se toman previsiones con el tiempo anticipado. Es hora de que las autoridades nacionales, departamentales y municipales tengan en cuenta que las precipitaciones pluviales empiezan, por lo general, a mediados de septiembre.

En cambio, en el país se ha hecho costumbre esperar que las obras de prevención coincidan con la temporada de lluvias, no se toman las previsiones con la anticipación debida. Como resultado, el dinero que se gasta en obras de auxilio es como echarlo al agua, en tanto que la gente afectada queda en el desamparo, pues sus sembradíos, viviendas, bienes, alimentación y sus propias vidas quedan expuestas a los avatares de las inundaciones, los derrumbes y de la muerte misma.

Desde mediados del año pasado se advirtió, a través de estas páginas, que era inminente la presencia del fenómeno de El Niño. Pese a conocerse la magnitud de los daños que causa, virtualmente no se hizo nada de prevención.

El propio Gobierno anduvo en este caso con pies de plomo. Solamente en estos días anunció que destinará 43 millones de bolivianos para hacer frente a las emergencias del corte de carreteras y camino por efecto de las lluvias.

Se ha experimentado ya que cuando se generan estos gastos de último momento, lo más recurrente es que se produzcan malversaciones o se hagan trabajos precipitados que no tienen la calidad ni la duración necesarias.

Las amenazas de desastres naturales deberían ser tomadas con más seriedad, de manera de reducir al mínimo sus efectos, los que generalmente recaen sobre familias modestas. En otros casos, los daños perjudican a la producción agrícola y ganadera. Por último, las carreteras y los caminos se vuelven intransitables, lo que repercute en el tránsito de personas y de carga, esta última destinada a la exportación.

De acuerdo con el seguimiento efectuado por La Razón, desde diciembre han muerto por lo menos 24 personas. Tal vez el caso más conmovedor sea el registrado el martes 30, en la población cochabambina de Arque, cuando una piedra cayó, desde un cerro humedecido por las lluvias, sobre la vivienda de Remigio Navia. El accidente produjo la muerte de Remigio, de su esposa Casta Pérez y de su pequeña hija Valeria. El resto de la familia, cinco niños, sobrevivió, sin sufrir daño alguno, pero quedando en una desoladora orfandad.

Por otra parte, la Dirección General de Emergencia y Auxilio, así como la Cooperación de Desarrollo Integral informaron que hasta el martes último el número de familias damnificadas era de 18.771, en todo el país.

Seis de los nueve departamentos de la República están afectados por las riadas, granizadas, deslizamientos y otros fenómenos naturales, según un último informe del director nacional de Emergencia y Auxilio, general Gonzalo Lora. Las regiones más afectadas son el Chapare y Yapacaní (en Cochabamba y Santa Cruz) por las crecidas de los ríos Grande e Ichilo.

El Programa Mundial de Alimentos dio cuenta que hasta ayer envió 57.420 raciones de alimentos para 3.083 familias damnificadas en Santa Cruz, Cochabamba, Potosí, Chuquisaca y Tarija.

La emergencia durará unos dos meses más, razón por la que debe mantenerse la alerta general en todo el país.