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En el seno del bloque oficialista de la Constituyente ha surgido una propuesta totalmente desafortunada, la de clausurar las cámaras legislativas, porque existiría una supuesta superposición de funciones entre éstas y la Asamblea.

Aparte de ser una idea insensata y disparatada, la impresión que se recoge es desalentadora sobre el grado de desconcierto que generan los constituyentes del oficialismo. No se les coloca en la cabeza que la Asamblea fue convocada única y exclusivamente para elaborar un nuevo pacto social en el país, a través de la aprobación de una nueva Constitución Política del Estado.

Pese a ello, hay gente del Movimiento al Socialismo (MAS) así como de algunos aliados que entienden que la Constituyente debe ejercer el poder total, dejando de lado a las instituciones constituidas que se hallan en pleno funcionamiento, como son los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

En vez de perder el tiempo en devaneos de ejercer un poder hegemónico, lo atinado sería que todos los miembros de la Asamblea, ya sean oficialistas u opositores, produzcan ideas sobre la necesidad de encaminar la misión que se les ha encomendado en las urnas, cual es la de conservar la vocación democrática de los bolivianos, a la vez que recoger las innovaciones del pensamiento contemporáneo.

Menos mal que en el propio MAS existen también constituyentes y legisladores que tienen clara la figura de las limitaciones que tiene una Asamblea Constituyente, así como el rol insustituible que en este tiempo tienen los tres principales poderes legales que tiene Bolivia.

En declaraciones a este diario, el jefe de la ban-

cada del MAS en la Cámara de Diputados, Gustavo Torrico, puso en orden la situación. ´De ninguna manera existe la tal dualidad de funciones´, dijo, a lo que añadió que ´la labor del Congreso es fiscalizar, legislar y hacer gestión, mientras que los asambleístas tienen que dedicarse a redactar la nueva Constitución´. Más preciso no pudo ser.

Por su parte, el ex presidente del Senado Santos Ramírez recordó que existe un compromiso de cumplimiento de la ley y que la Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente determina el respeto a los poderes constituidos.

Las declaraciones reproducidas, a tiempo de discrepar con los constituyentes masistas que en Sucre plantearon el cierre del Parlamento, tienen también la virtud de legitimar a la Constituyente, echando pie atrás a las intenciones que hubo en la cúpula del MAS de sostener que la Asamblea era originaria y plenipotenciaria, y que, por tanto, estaba por encima de los tres poderes del Estado, legalmente constituidos.

Así, las aguas han vuelto a su cauce y ahora todo lo que queda es que en la Constituyente se allanen las diferencias que la tienen paralizada por medio año, sobre la base de conciliaciones y consensos que encaminen, de una vez por todas, la aprobación de la nueva Constitución.

Resulta también pertinente exhortar a que se depongan las beligerancias y malos entendidos. Oficialistas y opositores tienen que hacer el esfuerzo patriótico para que la futura Carta Magna recoja las inquietudes generales, de manera que la nueva Constitución sea plural y a la vez unificadora. Sólo así podrá ser respetada y tendrá larga vigencia.