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“Si se retrasa la protocolización (de los contratos), se retrasa la vigencia de los contratos, por eso estoy tremendamente molesto, porque a mí me dijeron desde el principio que no había problemas, y no conozco las razones (de esta postergación)", precisó la autoridad energética.

Debido a esta situación, Villegas pidió un informe a YPFB para conocer las razones por las que la estatal petrolera decidió no llevar adelante todavía la protocolización de los 44 contratos de operación, información que —dijo— la vio en una solicitada.

"Bueno, salió una solicitada de YPFB, y lo único que puedo expresarles es que acabo de enterarme que la protocolización de los contratos tiene que postergarse algunos días. YPFB me prometió entregarme en el transcurso de las próximas horas un informe de los motivos y razones, y en las próximas horas voy a conocerlos", explicó a los medios de comunicación.

Yacimientos comunicó, el martes, que “en coordinación con el Ministerio de Hidrocarburos y Energía se tomó la decisión de no llevar adelante, todavía, la protocolización de los contratos de operación firmados entre el Estado boliviano y las empresas petroleras". La explicación era por razones técnicas y operativas.

Sin embargo, según la agencia de noticias ANF, en la Notaría de Gobierno de la Prefectura de La Paz se informó que no recibieron ninguna notificación de la estatal petrolera para la paralización del proceso.

YPFB indicó, además, que se anuló el proceso de contratación de los servicios para la valuación financiera de las empresas capitalizadas (Chaco, Andina y Transredes), y privatizadas (Petrobras Refinación Bolivia y la CLHB) del sector de hidrocarburos.

Analistas del sector petrolero consideran que estas medidas están retrasando el proceso de nacionalización de los hidrocarburos, que avanzó en algunos aspectos, pero no en otros.

Añaden que estos nuevos retrasos se deben a que YPFB todavía no tiene el respaldo legal para ejecutar acciones, debido a que su presidente interino no cumple con los requisitos del estatuto de la estatal petrolera, razón por la que se espera el decreto supremo que lo habilite plenamente.