Cuando las cosas parecían encaminarse a un acuerdo entre el oficialismo y una parte de la oposición para destrabar el tema de la fórmula de votación en la Asamblea Constituyente, una visita del Presidente de la República puso las cosas en su lugar. Es decir, en el punto muerto del desacuerdo. Y los días pasan, mientras siguen sucediendo los acontecimientos y después de Cochabamba, vino Camiri y, luego, la movilización de los cooperativistas mineros en La Paz. En un caso, el trasfondo fue el tema recurrente de las autonomías departamentales; en el siguiente, la apertura de un frente que parecía cerrado para el Gobierno, la nacionalización de los hidrocarburos; y, finalmente, la negociación sobre los impuestos.
Los actores que entran en el ruedo configuran un cuadro complejo que pone en evidencia los límites de la capacidad negociadora del MAS. No es fácil encontrar una razón para esta inesperada apertura de varios frentes de conflicto que amplían el abanico de temas en disputa e incorporan a nuevos protagonistas que, en algunos casos, eran aliados del Gobierno. La manida explicación de la incapacidad de gestión gubernamental —no sólo con relación al manejo de conflictos— no resulta suficiente. Así que aventuro otra hipótesis y que tiene que ver con definiciones de estrategia política que ponen en riesgo la viabilidad de la capacidad hegemónica del proyecto del MAS.
Entre estas definiciones resalta una resolución adoptada en el congreso ordinario del partido de gobierno, aprobada a mediados de noviembre del año pasado, que señala taxativamente su rechazo a las autonomías departamentales y apuesta a las autonomías indígenas y regionales. En los días posteriores, el MAS precipitó la aprobación en el Senado de las modificaciones a la ley INRA rompiendo con el empresariado cruceño y la oposición parlamentaria, intentó la introducción de una norma para censurar a los prefectos en la cámara de Diputados y, finalmente, procedió a aprobar el polémico artículo 70 en la Asamblea Constituyente esgrimiendo su mayoría.
Un efecto de estas decisiones fue la polarización en torno al clivaje regional que se tradujo en la plasmación de la metáfora de la ´media luna´ en una entidad institucionalizada como la Junta Autonómica que ha convertido la polarización política en fractura territorial. Y Cochabamba, un escenario en disputa y con el cuadro político más complejo por la presencia de un prefecto opositor en un territorio predominantemente masista, sufrió las consecuencias de esta disputa con los lamentables acontecimientos del 11 de enero.
A estas alturas del partido resulta obvio que si las demandas en torno a este tema no se logran consensuar en la Asamblea Constituyente será difícil encaminar las soluciones hacia derroteros positivos. Y detrás de ese fracaso vendrán, como ya está ocurriendo, nuevos frentes de conflicto. Solamente un acuerdo con relación a las autonomías departamentales permitirá desbloquear el impasse en torno a la fórmula de votación en la Asamblea Constituyente y restaurar una lógica de concertación entre el Gobierno central y las regiones —y sectores sociales— no afines al oficialismo. De este acuerdo depende el freno a la espiral de conflictividad y el encauzamiento de las soluciones a una lógica política. Falta saber si el tiempo nos dará tiempo.
*Fernando Mayorga es sociólogo.
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