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Antes había estado inamovible que las recaudaciones tributarias de ese sector debían por lo menos quintuplicarse, pues así lo exigía la obligación de cobrar por la explotación de los recursos no renovables y la necesidad de contar con recursos para obras sociales. Bastó la llegada de numerosos cooperativistas mineros a la ciudad de La Paz, la detonación de dinamita en las calles y las agresiones a ciudadanos y policías, para que el Gobierno cambie de idea y archive su propósito de aumentar la carga tributaria a la minería. Tras esa demostración de fuerza de los cooperativistas, el Ejecutivo firmó un compromiso para no elevar el Impuesto Complementario a la Minería (ICM), por lo menos no a ese sector.

No sólo eso: el Gobierno se comprometió a canalizar créditos por 10 millones de dólares para las cooperativas. Pero, en contrasentido, el Gobierno olvidó negociar la deuda de cerca de 8 millones de dólares que las cooperativas tienen con Comibol por el arrendamiento de concesiones mineras.

Por la prisa del acuerdo, el Ejecutivo también olvidó dar solución al problema más álgido de la minería: definir quién explotará Huanuni, ¿Comibol o las cooperativas? El Gobierno había asegurado que el más rico yacimiento de estaño del país serviría para el relanzamiento de la “nacionalización” de la minería, pues Comibol renacería allí, tomando a su cargo exclusivo los trabajos de explotación. Incluso se anunció que Comibol contrataría a 4.000 obreros para Huanuni.

Pero los cooperativistas se niegan a dar paso a Comibol y aseguran que nadie los sacará de Huanuni. Entonces, el desafío es inmenso y si el Gobierno cediera esta vez, también, ante los cooperativistas, prácticamente tendría que archivar el proyecto de la segunda nacionalización de la minería.

En octubre del 2006, los cooperativistas de Huanuni se enfrentaron con armas y dinamita a los trabajadores de Comibol, en una batalla que dejó 18 muertos. Investigación que tampoco se sabe en qué avanza. ¿El Ejecutivo también olvidó aquello?

Por lo tanto, el acuerdo con los cooperativistas sigue siendo uno de carácter meramente político, porque de allí no se extrae nada positivo para la hasta ahora inexistente política minera. Hasta el momento no se sabe con precisión los detalles tributarios, los estudios de yacimientos para la exploración minera, el programa de búsqueda de nuevas inversiones, la definición de las áreas de explotación de la empresa estatal y del sector privado y un largo etcétera.

El método de tomar decisiones bajo presión no es un camino seguro hacia la elaboración de una política minera en el país. Recuperar a las cooperativas como aliados políticos no garantiza nada, por el contrario coloca en menuda encrucijada al Gobierno porque éste se verá forzado a modificar la política minera en beneficio de ese sector. Las cooperativas tienen una relación directa con las empresas privadas, pues les venden mineral. La actividad minera está interconectada y eso debiera saberlo el Gobierno. En suma, la reconciliación con los cooperativistas mineros y el Ejecutivo tendrá un costo muy peligroso.