• PALACIO • Wálter Chávez, con la prensa, dos días antes de dejar el cargo de asesor del Ministerio de la Presidencia.

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“Es un refugiado, ha sido refugiado desde hace más de cuatro gestiones de gobierno y este gobierno garantiza, respeta los derechos que dan refugio al señor Wálter Chávez...Bolivia va a garantizar y respetar sus derechos”, declaró anoche el vicepresidente Álvaro García Linera.

Poco antes, tras hacer una detallada explicación jurídica sobre los derechos de los refugiados en el país y la situación del asesor peruano, el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, señaló que “los convenios internacionales suscritos por el país y las propias leyes nacionales sobre la materia de refugiados establecen la obligación del Estado boliviano de prestar la protección a los derechos de todos los refugiados, incluido el ciudadano José Wálter Chávez”.

Dijo que inmediatamente conoció la información de que la Policía Internacional (Interpol) de Lima envió al país la citada orden de captura, de la que aseguró no haber recibido noticias hasta ayer, solicitó a la Cancillería de la República toda la información referida a la situación de Chávez.

Revisada la documentación, dijo que se estableció que el ciudadano peruano obtuvo su calidad de refugiado mediante la resolución 232 de la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) aprobada el 22 de julio de 1992.

“La resolución está vigente a la fecha y tiene carácter indefinido, según establece el artículo 33 del Decreto Supremo 28329 (Reglamentación y procedimientos de la Comisión Nacional del refugiado en Bolivia)”.

En su argumentación legal, Rada recordó que Bolivia es signataria de la Convención de los Refugiados, suscrita en Ginebra el 28 de julio de 1951 y ratificada mediante la Ley 2071 del 14 de abril del año 2000, lo que significa que “tiene rango similar al de cualquier ley nacional”.

En la misma línea, el Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, dijo que la Interpol se encuentra impedida de detener a Chávez, acusado en su país de terrorismo, mientras éste mantenga su condición de refugiado político.

“Tiene una coraza, un blindaje legal irrompible porque es una coraza decidida por una comunidad internacional que viene desde la Convención para el Estatuto del Refugiado de 1951, un protocolo de 1976, varios decretos supremos del Estado boliviano que le protegen”, afirmó por su parte el abogado del ex asesor del Palacio, Luis Paredes. Mientras tanto, la Cancillería, la Policía boliviana y la Corte Suprema de Justicia informaron que hasta ayer no recibieron ninguna noticia sobre una orden de captura o un pedido de extradición de Chávez, quien dejó el Palacio hace una semana.

La oposición lo quiere fuera

El principal partido de oposición, Podemos, sugirió al Gobierno expulsar al peruano Wálter Chávez a un tercer país, ante la posibilidad de que su captura o extradición no pueda ser ejecutada por su condición de refugiado político.

“Este tema puede provocar un impasse diplomático entre Bolivia y Perú y para que no haya problemas la mejor salida podría ser que el Gobierno le busque otro país”, sugirió el senador de Podemos, Carlos Borth.

En Sucre, el jefe de este partido, Jorge Quiroga, criticó al Gobierno por su intención de mantener a Chávez en la estructura del Ejecutivo, no obstante los antecedentes que tiene por terrorismo en su país de origen.

Los parlamentarios de la oposición solicitaron a los ministros de Relaciones Exteriores y de la Presidencia un informe oral sobre este tema, el que se desarrollará la tarde del martes 13.