• CÓNCLAVE • la Constituyente será el escenario en el que las siguientes semanas se discuta la ”Bolivia que queremos”.

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La visión de un país puede definirse como un conjunto de valores, principios e ideales que expresan las aspiraciones compartidas de una nación, así como las instituciones que se requieren para alcanzarlos.

Por lo tanto, la visión permite idealizar el futuro, aunque con metas alcanzables y realizables. Se trata, en otras palabras, de perfilar ´el país que queremos´, lo que supone sentar las bases y reglas de juego claras de esta discusión.

En las próximas semanas, la Asamblea Constituyente, a través de su respectiva comisión, asumirá la delicada tarea de debatir y definir esta visión de país, lo que se expresará en la redacción del preámbulo y los primeros artículos de la futura Carta Magna.

Para ello se abrirá un debate del que todos los bolivianos —dentro y fuera del país— podrán participar. Desde luego, no se comenzará de cero, ya que a esta altura, al parecer, los insumos sobran: cada partido y agrupación ciudadana con representación en la Asamblea tienen una propuesta de visión y la misma Representación Presidencial para la Asamblea Constituyente (REPAC) ha logrado sistematizar más de una centena de documentos en los que se presentan los lineamientos de la nueva Bolivia.

Ante este mar de propuestas, y luego de una revisión de algunos de estos documentos, además de la realización de entrevistas con los representantes de las fuerzas mayoritarias de la Asamblea y la guía de expertos y analistas, De Acuerdo ha logrado esbozar —todavía a mano alzada— las bases y posibles cimientos sobre los que se discutirá la visión de país.

No es, desde luego, un enfoque definitivo ni acabado, ya que de seguro existen otros ejes del proceso como posiciones al respecto, aunque los que se proponen a continuación no sólo son coincidentes en las diferentes propuestas, sino centrales y hasta quizás prioritarios: autonomías, interculturalidad, institucionalidad y participación ciudadana.

Su tratamiento será parte de una serie de publicaciones que se inauguran con la presente.

De estos cuatro pilares, dos son algo más polémicos que los otros y, por lo tanto, serán objeto de debate inmediato y casi urgente en la Asamblea: autonomías e interculturalidad.

Sobre el primero, pueden hasta el momento distinguirse tres escenarios claramente visibles: el departamental, el regional y el indígena. Estos dos últimos son —para algunos— compatibles y representan especialmente la visión del occidente del país. Las autonomías departamentales, en cambio, tienen como principal proponente al Comité Cívico cruceño con una de las propuestas más detalladamente elaboradas.

Una las principales y más difíciles tareas de los constituyentes será encontrar un nivel de coexistencia y convivencia de las tres propuestas, aunque en particular de la departamental con la indígena. Algunos, como el asambleísta masista Carlos Romero, piensa que la solución de esta complicada fórmula puede estar en las autonomías regionales.

Casi como una especie de compensación, las visiones sobre interculturalidad tienen en occidente a sus principales proponentes. A diferencia de los escenarios autonómicos, la divergencia es menor a momento de establecer que la Bolivia del siglo XXI será: incluyente y equitativa, reconociendo la existencia y autodeterminación de los pueblos indígenas y los otrora excluidos.

En este punto, el debate está en la ´equiparación´ de los derechos individuales y universales con los colectivos. Un aporte interesante al respecto es el de Pedro Susz que ha escrito recientemente un libro (ver entrevista de la página 7).

Sobre participación ciudadana también existen más coincidencias que desacuerdos, aunque hay aspectos delicados como justicia comunitaria —transversal al tema de derechos colectivos—, que merecerá arduos debates.

En cuanto a la institucionalidad —que fue el tema central del anterior número del suplemento— las posiciones son variadas y hasta radicales, entre ellos los que proponen ´barrer´ con todo e instaurar un Estado totalmente nuevo (ver entrevista adjunta).

Por más empresarios con responsabilidad social

La Cámara Nacional de Industrias (CNI), dentro de sus líneas estratégicas hasta el 2015 y en el marco del proyecto visión país, se ha propuesto desarrollar el concepto de responsabilidad social de la empresa.

Esto implica asumir una estrecha responsabilidad con la sociedad que cobija a dicha empresa, responsabilidad con el cliente, con las nuevas generaciones y con la empresa misma.

La propuesta está a la par de otra de corte político en la que la CNI demanda una ´democracia concurrente, que implique no sólo la convergencia de fuerzas e intereses en pos del desarrollo, sino el equilibrio social y político que nos permitirá proyectarnos hacia el futuro´, explica Eduardo Peinado, presidente de esta Cámara.

Como su nombre refiere, la democracia concurrente implica la concurrencia de tres dimensiones: la de nacionalidades —es decir la convivencia de diferencias culturales y raciales en un territorio común y con una visión de futuro compartida—, la de regiones y visiones políticas —lo que supone ´regionalizar el desarrollo mediante la descentralización de poder´, autonomías en otras palabras— y, finalmente, la concurrencia de esfuerzos por el desarrollo productivo —que no es más que apelar a un encuentro necesario entre el capital privado, el capital público y el capital extranjero ´para desarrollar las potencialidades del país y posicionarse competitivamente en un mundo de apertura comercial´.

De estos cuatro pilares, dos son algo más polémicos y serán objeto de debate inmediato y casi urgente en la Asamblea: autonomías e interculturalidad.