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Ha quedado en la retina la desesperación de aquel ganadero —que representa a varios tantos— que encima de una vetusta lancha a motor intentaba, junto a otros tres hombres robustos, salvar a una res que era jalada por la corriente. O aquella imagen aérea donde un grupo de reses encontraron un pequeño islote, en medio de la devastación, como única oportunidad de sobrevivir al desastre de las inundaciones.

Y la gente, ni qué decir. Aquellos que llegaron donde el agua aún no llegó son parte de los miles de desplazados que hallan refugio improvisado en escuelas, mientras las clases han sido suspendidas. Otro tanto está viviendo en el techo de su casa, en embarcaciones precarias o donde el agua no los alcance.

Las aguas que están escurriendo hacia las tierras bajas están provocando situaciones incontrolables. Y todas las aguas de la Cuenca Amazónica bajan hacia el Beni. Las inundaciones en el departamento beniano no son una sorpresa para nadie, pero este año la crecida de los grandes ríos ha sido —según los reportes— la mayor desde 1974, es decir en más de tres décadas.

La Razón ha sido testigo del drama beniano porque sobrevoló tres de sus ocho provincias y constató los daños y el aislamiento en que han quedado comunidades íntegras como San Pedro, Los Puentes, Loreto y muchas otras más.

El recuento preliminar de los daños es extremadamente grave: cerca de 22 mil cabezas de ganado ahogado, alrededor de 17 mil familias afectadas y aproximadamente 20 millones de dólares en pérdidas. Pero todo esto, que ya es mucho para una economía pequeña, puede crecer si las aguas no bajan y si la ayuda nacional e internacional no se incrementa.

El Beni está en una situación insostenible y que se prevé se agravará. Este departamento no puede ser considerado privilegiado, por el contrario, es la tercera región del país con menor índice de desarrollo humano y con grados de pobreza extrema que la sitúan detrás de Potosí y Chuquisaca.

El prefecto del Beni, Ernesto Suárez Satori, ha hecho un llamado clamoroso a la cooperación internacional, pero sobre todo está insistiendo para que el Gobierno declare a la región, de una vez por todas, zona de desastre natural, sólo así podrá disponer de recursos extraordinarios, más allá de aquel 1% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que dispuso una ley corta.

El Beni y otras regiones requieren de la mano solidaria de todos. Corresponde a los bolivianos sumarse a todas las campañas de solidaridad que sean posibles. En este momento, la magnitud de la tragedia aún no está controlada y requiere de ayuda urgente para encarar esta difícil situación y después la necesaria reconstrucción de las regiones afectadas.