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Sin embargo, este asunto de los avales profesionales se ha convertido a lo largo del tiempo en una actividad más lucrativa que de servicio a la comunidad.

Resulta que analizados los casos de los colegios de abogados, médicos y arquitectos en la ciudad de La Paz —por nombrar aquellos investigados por este medio en el informe del domingo anterior—, es la población la que termina solventando parte de su existencia, con el pago de tasas, timbres o visados.

Es evidente que lo que haga el Colegio Médico con sus ingresos propios es, sin dudar, un problema de esa entidad. Sin embargo, desde el momento en que los ingresos que genera proceden del bolsillo de la población, cambia la figura.

A partir del instante en que un ciudadano que no tiene nada que ver con la profesión médica o con el ejercicio de la abogacía o con el diseño de planos aporta, obligado por las circunstancias, a entidades privadas como los colegios de profesionales, allí sí importa qué pasa con esos ingresos, cómo se los utiliza, cuál es su fiscalización o cómo es que se los regula. Y, además, esa debería ser información pública al servicio de quien la solicite porque no se trata de dinero de un afiliado, sino del ciudadano.

Entonces, de lo que se trata es de transparentar el uso de recursos que son generados en los bolsillos de la población y que éstos sean parte de un servicio a la comunidad y cuyas recaudaciones se traduzcan en la adquisición de un bien colectivo y no para la construcción de la sede social de la organización privada.

Parece absolutamente correcto que un profesional de cualquier rubro esté afiliado a un colegio de profesionales, donde el objeto de su afiliación en el marco de la libre asociación que rige en el país —según la actual Constitución Política— sea, por ejemplo, la constante actualización de la profesión, el intercambio de experiencias, el voluntariado, el servicio, etc. Lo que no parece correcto es que los colegios de profesionales se conviertan en entidades recaudadoras de recursos que provienen de la población y que encima, los montos recaudados y su destino final sean manejados como secretos de Estado.

Esta situación debe cambiar no sólo en los importes que cobran los colegios de profesionales para vender un certificado médico que, además, no está normado o por el visado de un plano, sino también en el objetivo de la recaudación. Sólo habría que hacer números sobre el monto que representa al año el pago de un timbre en el Colegio de Abogados —cuarto millón de bolivianos, aproximadamente— y lo que podría hacerse con ese dinero en favor de la comunidad, como un aporte voluntario de los profesionales a este país.

Según los datos obtenidos, los colegios de profesionales perciben sumas interesantes de sus afiliados que permiten, de seguro, su mantenimiento. Qué mejor cosa que las recaudaciones por sus servicios se reconviertan a la población en obras comunitarias y no se queden para el lucro de estas instituciones.