Las autonomías, cuestión de poder
María Teresa Zegada*

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Una revisión minuciosa de las distintas propuestas sobre autonomías en el país nos permite constatar que se trata de una cuestión mucho más compleja que asociar mecánicamente la autonomía con el movimiento regional cruceño o con el reciente referéndum autonómico, y a partir de ello, asumir una postura a favor o en contra de tales propuestas.

Como se puede constatar en las más de ochenta propuestas existentes en el país, existe una gama amplia y diversa de miradas sobre el tema, que si bien parten de la necesidad de transformar el actual Estado, culminan en propuestas de lo más heterogéneas que pasan por autonomías regionales, autonomías indígenas, autonomías muni- cipales y autonomías departamentales, o bien, ingeniosas combinaciones que permiten unir unas propuestas con otras en complejos diseños institucionales orientados a responder a las expectativas e intereses de los distintos actores, tanto en términos de ordenamiento territorial, es decir recogiendo los actuales o planteando nuevos límites geográficos, como en términos de organización político institucional y de gestión de recursos.

Sin embargo, está claro que el tema de las autonomías encierra luchas de poder, una disputa política entre proyectos nacionales que aún no se ha resuelto en el país y que confronta visiones de Estado. En ese marco, las autonomías revelan las fracturas, tensiones y conflictos que aquejan al país desde hace varios años y que buscan su resolución dialogal y democrática en la Asamblea Constituyente.

En el fondo, los planteamientos sobre las autonomías remiten al viejo y eterno objeto de la política que es la redistribución del poder. Al aprobarse un sistema autonómico departamental ciertamente se arranca al Gobierno central pedazos de poder para distribuirlo entre los gobiernos departamentales, en tanto que las autonomías regionales o municipales le arrancan a los departamentos fracciones de poder y así sucesivamente, mientras más unidades territoriales existen, más fraccionado se encontrará el poder. Este proceso conduce evidentemente a la democratización del poder, porque permite a unidades territoriales o comunidades y poblaciones alejadas, una veraz incorporación en el ámbito decisional, posibilidades de desarrollo local, generación o acceso a recursos, y sistemas de gobierno y autoridad que permitan el ejercicio del poder local, pero sujetas a un marco general común que garantice la cohesión nacional.

En América Latina en general, los procesos de descentralización han sido propugnados por sectores que impulsaban la democratización de sus sociedades. En Bolivia nos encontramos también ante esa posibilidad, que tiende a romper la pesada tradición centralista con la que emergió el Estado boliviano desde su fundación y que está fuertemente anclada en la cultura política de sus actores.

La discusión sobre las autonomías, a diferencia de las visiones de país, no es sólo retórica, requerirá de mecanismos institucionales efectivos para su aplicación y reorganización institucional, pero sobre todo, de la voluntad política para recoger, de la mejor manera posible, las pulsiones de la sociedad.

*María Teresa Zegada
es socióloga.