De la autonomía plena municipal
Franz Xavier Barrios Suvelza*

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El Editorial de La Razón del 13 de marzo sugiere efectos independentistas y dispersivos en su evaluación del pedido de la FAM por unas autonomías plenas para los municipios bolivianos. Llama la atención que a esta altura se pueda cultivar este temor como antes injustamente se lo hizo contra el reclamo autonómico de los departamentos que fueron acusados de independentistas. Todo esto no tiene mucho asidero salvo la advertencia de que un diseño desprolijo pudiera efectivamente alentar despelotes territoriales a futuro... pero de ello no se salvaría tampoco la autonomía departamental. Es cierto que la autonomía departamental es una “decisión irrefutable”. Sin embargo, introducir una autonomía municipal plena como decisión de la Constituyente sería un hecho igual de irrefutable. No se puede avalar sólo la autonomía del referéndum departamental —que hay que respetar— y condenar a todos los demás actores territoriales a mirar las estrellas.

El Editorial da a entender que con la Ley de Participación Popular (LPP) se avanzó bastante y que eso debería ser suficiente. La época de lluvias también avanzó bastante y debería ser suficiente tanta agua, pero sigue lloviendo. Bolivia también avanzó bastante en términos de lucha contra la pobreza pero seguimos siendo miserables. La LPP hay que entenderla en su contradicción: instaló lo municipal para siempre y al mismo tiempo, calcificó a los municipios en una autonomía flácida. En el fondo ellos están más cerca de la Universidad que de una robusta autonomía territorial. Sus normas no logran perforar el papel celofán del mundo de la autoadministración al no legislar y por ende, no gravan en sus ámbitos y están lejos de poder hacer política económica y social en sentido fuerte. Darle legislación a los municipios no significa que ellos se “salgan” de los departamentos o los corroan desde dentro. ¿O acaso debemos suponer que por legislar la intención de los departamentos sea la de querer salirse de Bolivia? La autonomía departamental puede florecer sin tener que encapsular a sus municipios... y menos a sus “pueblos originarios”. Bastaría con echar un vistazo a Brasil o Sudáfrica para constatar que allá el meso no está herido en su autonomía por municipios que legislan bajo una equipotencia constitucional interniveles y no han atentado contra la unidad de sus Estados.

Hoy en Bolivia la legislación está sellada con plomo en el nivel nacional. El desmantelamiento de su centralismo endémico pasará por abrir legislación en departamentos y municipios en igualdad de condiciones, aunque será la Constitución la que diga dónde cada nivel activará esta facultad. El país habrá dejado de ser centralista sin haberse convertido en federal. Y la legislación subnacional no habrá alterado un ápice el hecho de una Bolivia con una soberanía y por ende, con sólo un Estado.

Con razón considera el Editorial que la cuestión de las entidades indígenas añade nuevos problemas. Pero parece un poco injusto no reconocer que las propuestas oficialistas acaban de anunciar un diseño flexible y no maximalista. Estas propuestas parecen haber superado la idea de necesariamente territorializar cualquier demanda indígena. Al contrario, están mascullando un diseño que combine esta posibilidad con otras de mera deconcentración, o de llana espacialización o simplemente, de difusión efectiva de hechos diferenciales interculturales.

Paradójicamente, uno de los mecanismos para evitar un final caótico, es que se ancle cristalinamente qué niveles territoriales legislarán o no. Si tal virtud se deja en el nivel nacional, departamental y municipal, las otras instancias gozarían de descentralización administrativa. Y si la hipotética “región indígena” no se acomodara en un municipio o departamento, mal podría desordenar el arreglo final al no disponer de la misma fuerza que éstos.

*Franz Xavier Barrios S.
es experto en descentralización.