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La norma constitucional establece que es el Primer Mandatario quien determina las líneas maestras de la política exterior del país. Pero la institución ejecutora de esa política es el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del Canciller. La Cancillería, en suma, ejecuta su labor específica y sugiere. Las iniciativas del Ministro de Relaciones Exteriores son fundamentales para la construcción de una visión en el ámbito de las relaciones diplomáticas y permiten al Jefe de Estado actuar con el mínimo riesgo en un campo que es muy disputado y complejo: el de las relaciones de Bolivia con el mundo.

La función específica de la Cancillería dentro del Estado es fundamental y debe ser tomada en cuenta. El Canciller se constituye en una de las figuras más relevantes dentro de la estructura del Poder Ejecutivo y requiere ser involucrado en todas y cada una de las decisiones que asume el Estado nacional. No parece correcto que otros actores cumplan la función del Ministro de Relaciones Exteriores, cuando éste puede hacerlo con la propiedad, solvencia y la solidez que el cargo le otorga. En consecuencia, el servicio interno y externo de la Cancillería es el aparato del que no se puede prescindir bajo ninguna razón.

Ahí está el principal problema que enfrenta el Canciller. Nadie objeta las decisiones que se asumen en materia de designaciones, sin embargo, la Cancillería ha asumido un reto muy arriesgado —y probablemente penoso por el alto costo que podría representar— al haber transformado de forma secante la conformación interna del ministerio. La Academia Diplomática no funciona y esto podría, al presente y a futuro, tener efectos. La diplomacia requiere de conocimiento y, sobre todo, de experiencia por tratarse de una especialidad.

En la actualidad, la mayoría de los cargos en el exterior, sean embajadas, consulados o representantes ante organismos internacionales de mucha responsabilidad, están ocupados por personas cuya especialidad es absolutamente distinta y distante a la carrera diplomática. Eso significa que son profesionales, probablemente experimentados en sus campos, pero sin formación en las relaciones exteriores y sin la menor pericia internacional.

Las explicaciones del viceministro de Relaciones Exteriores, Hugo Fernández Araoz, son legítimas en el sentido de que las actuales representaciones diplomáticas de Bolivia cuentan con personal que reflejan el proceso de cambio en el país, no obstante, aquello no debería justificar la improvisación en materia diplomática y en política exterior.

La Cancillería es una cartera clave y es menester que el Gobierno le otorgue el protagonismo en el manejo de la política exterior boliviana. Esa relevancia debe traducirse no sólo en involucrar al Canciller en las principales decisiones del Estado, sino también en tener especial cuidado en las designaciones y en las acciones del personal, en función diplomática.