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Según el escrito del fiscal, los acusados Francisco M.O. y Antonio M.P., de la empresa agrícola y ganadera Arroyo Alto 2002 S.L., se pusieron de acuerdo con el gestor y asesor Antonio S.C., en torno a marzo del 2004, en la localidad granadina de Loja, a fin de regularizar la situación laboral y de estancia en España de 26 trabajadores bolivianos.

Éstos eran empleados en la finca propiedad de Antonio M.P. situada en Loja. Los acusados presentaron ante la Tesorería de la Seguridad Social de Antequera (Málaga, sur de España) distinta documentación relativa a los trabajadores bolivianos. Entre ella, figuraba una fotocopia compulsada por el también acusado David G.E., en su condición de concejal de Villanueva de Algaidas (Málaga), con el sello municipal.

Dichas resoluciones no auténticas tenían en todos los supuestos un Número de Identificación de Extranjeros (NIE) que realmente correspondía a Warner R.V.S., persona que no estaba en la lista de trabajadores que se pretendía regularizar.

Los 26 trabajadores a regularizar tenían situación ilegal en España y se favorecieron con la acción de los acusados para su permanencia en territorio español de modo fraudulento. El fiscal pide para David G.E., por el delito de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público, la pena de tres años de prisión y una multa, así como la inhabilitación especial de su puesto como funcionario durante tres años.

Para Antonio S.C. y Francisco J.M.O. pide dos años de prisión por el delito de falsedad. Por último, solicita para el conjunto de los acusados, por un delito contra el derecho de los trabajadores, la pena de prisión de dos años y multa. Granada (España), EFE