Yo soy tú, mañana
Gonzalo Chávez A.*

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Es una vergüenza nacional que tengamos al 65 por ciento de la población boliviana en la pobreza. Más indigno aún es que la mayoría de la gente de la tercera edad, que ya le puso el hombro al país, viva sin ninguna renta y casi ningún acceso a servicios de salud. La situación de carencia de nuestras abuelas(os) es uno de los problemas más complejos que enfrenta la política pública. El sistema de pensiones, nuevamente es el centro del debate.

Lamentablemente, el tamaño de la columna sólo nos permite abordar el tema de pensiones desde tres perspectivas: cobertura, financiamiento y tipo de administración. Al igual que todas las políticas sociales, las reformas pensionales enfrentan un viejo dilema en términos de objetivos a ser logrados. La búsqueda de eficiencia y sostenibilidad financiera e institucional, por un lado y, por otro, la demanda de equidad. Es decir, contrapone la mente, que busca algún tipo de racionalidad del sistema, con el corazón que late en base a la solidaridad. Nos concentraremos en los seguros de largo plazo, conocidos también como sistemas de jubilaciones.

Comencemos con el tema de cobertura. En Bolivia, el sistema de reparto, llamado también solidario, estuvo vigente hasta 1996, y cubría aproximadamente a 200 mil personas. El resto de la población, tanto en el área urbana como rural, estaba a merced de su suerte o redes de protección familiar. Con la creación del Fondo de Capitalización Individual (FCI), la cobertura aumentó significativamente. Hasta la fecha cerca de un millón de personas están afiliadas a algún fondo de pensión, aunque los que realmente cotizan son un poco más del 60 por ciento. El Bonosol, que proviene del Fondo de Capitalización Colectiva (FCC), llega a más de 2 millones de personas de la tercera edad en el campo y las ciudades. En los últimos 10 años se avanzó en el tema de cobertura de algún tipo de jubilación, aunque los desafíos son aún muy grandes, especialmente si se trata de incorporar a grupos que trabajan en el sector informal, el área rural, y/o son profesionales independientes. En el caso del Bonosol, el problema es que es una transferencia de ingresos muy pequeña, dadas las enormes necesidades de los jubilados. Una forma de avanzar en la cobertura sería crear una jubilación mínima decente focalizada en los grupos más pobres y que viven en el campo. Esto sería una forma parcial de reconciliar lo justo con lo eficiente.

Un tema más complejo es cómo financiar un sistema de pensiones. Es aquí donde también se produce una mayor tensión entre equidad y eficiencia. En el sistema solidario tradicional, los trabajadores jóvenes financian a los jubilados. Desde la perspectiva de equidad y en términos conceptuales, este mecanismo es imbatible, los hijos ayudando a los abuelos. En la práctica, el sistema solidario tropieza con dos hechos de la realidad. El problema del desempleo estructural y la situación de que la mayoría de las personas trabajan o en el sector informal o en actividades que no cotizan en un sistema pensional. Es así que en Bolivia y en otros países del mundo este mecanismo hizo aguas, porque cada vez menos gente trabajaba y contribuía al sistema, en cuanto los jubilados vivían más. El sistema de capitalización individual, donde cada persona ahorra para su vejez y se olvida de las futuras generaciones, resuelve el tema del financiamiento pero rompe con los principios de solidaridad y equidad. En el caso boliviano, se produjo una paradoja. Se creó el FCI con cuentas individuales, pero con parte de estos recursos se continúa financiando el sistema antiguo. El Gobierno se prestó plata de los fondos de pensión privados, en torno a 1.500 millones de dólares, para pagar jubilaciones. Los hijos continúan financiando a los abuelos, pero la gente de la tercera edad, vía Estado, paga sin interés por este préstamo. Ciertamente, ésta no es una actitud intergeneracional muy loable. Un posible camino de solución es consolidar un sistema mixto, se mantienen las cuentas individuales en los fondos de pensiones, pero parte de los recursos, digamos un 25 por ciento, ayudan a crear y sostener un sistema solidario. Parte de la deuda del Gobierno con las AFP puede ser una primera contribución.

Ahora, ¿cómo financiar una pensión mínima para los más pobres, tanto del área rural como urbana? El Bonosol es una base a la que se debería añadir otros ingresos que provendrían de parte de la renta del gas natural y un nuevo impuesto a la riqueza e ingresos altos, digamos por encima de los 10 mil bolivianos.

Finalmente, ¿quién administra el sistema de pensiones? El sector público no tiene buenos antecedentes, por su pasado ineficiente y corrupto. Las empresas privadas aún no mostraron resultados contundentemente superiores a la acción estatal. La opción parece ser también un sistema mixto pero competitivo. No es buena idea que el Tesoro General de la Nación administre nuestras contribuciones. La tentación para gastar la plata en otras cosas puede ser muy grande. Si el sector público vuelve, debe hacerlo a través de una institución independiente que compita, vía servicios, con los fondos de pensiones privados.

Los cambios en el sistema de pensiones deben considerar que la juventud pasa con el tiempo. Debemos vernos en el espejo de los abuelos; nosotros seremos, ellos mañana. Yo soy tú, mañana, viejo querido.

*Gonzalo Chávez
es economista.
chavezbol@hotmail.com