Tsunami de denuncias
Juan L. Cariaga*

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Para un gobierno que utilizó como plataforma electoral la transparencia y la lucha contra la corrupción, el cúmulo de denuncias sobre posibles actividades irregulares, presumibles actos de corrupción y otras presuntas ilegalidades, ocurridas en los últimos catorce meses de gobierno, es realmente increíble; sobre todo, si se considera que éstas han tenido su nivel más alto las últimas semanas, semejando un verdadero tsunami de denuncias, que no se sabe cuándo podrá parar

Si bien hay que reconocer que ninguno de estos casos vincula directa o indirectamente al Presidente de la República, es importante que el gobierno del presidente Evo Morales, en aras de la tan mentada transparencia y la lucha contra la corrupción, aclare, investigue y, en su caso, sancione a quienes resultaran responsables de dichos actos irregulares.

Con sólo revisar la prensa de los últimos catorce meses, se puede evidenciar la existencia de un gran número de acusaciones sobre este tipo de actos o la intención de llevarlos adelante, en caso de no habérselos denunciado. Éstos son:

Denuncia de cohecho efectuada por el mismo Gobierno en el Viceministerio de Telecomunicaciones; supuesta adjudicación, sin licitación, a una empresa brasilera para la construcción de una carretera, por parte del Servicio Nacional de Caminos; reclamación de las autoridades paraguayas sobre posible protección a ciudadanos supuestamente involucrados en el secuestro de la hija de un ex Presidente; caso Iberoamérica sobre la supuesta intención de vender hidrocarburos a precios más bajos, en violación del decreto de nacionalización; supuestas recomendaciones otorgadas por dignatarios de Estado en favor de un supuesto narcotraficante aprehendido en España; supuesta solicitud de visas en favor de ciudadanos chinos; supuesta compra de computadoras sin licitación con dineros de los maestros; denuncias sobre posibles invitaciones al transfugio de senadores suplentes de la oposición; contratación de un asesor extranjero acusado de ser supuesto terrorista por un gobierno extranjero; supuestas reuniones de altos dignatarios de Estado con dirigentes del prescrito movimiento Etarra; supuesta intromisión y conflicto de intereses en el asesoramiento y contratación de abogados por parte de PDVSA: suscripción de contratos petroleros con errores legales y otras supuestas irregularidades en sus anexos; supuestas contrataciones de consultoras petroleras recientemente organizadas y sin experiencia en trabajos de auditoría; invitación a Cuba de funcionarios de YPFB con gastos pagados por ese país y supuesta entrega de pasajes y viáticos a cargo de YPFB; supuestos descuentos a los efectivos militares (cascos azules) en misiones de Naciones Unidas; supuesto alquiler de equipo militar del Estado boliviano en las misiones del Congo; supuestos avales otorgados para optar cargos en el Poder Ejecutivo y otras entidades estatales; supuesta venta de 50 tractores donados por la cooperación internacional en el departamento de Santa Cruz; supuestos casos de nepotismo en la contratación de parientes de funcionarios del Poder Ejecutivo; supuesta venta ilegal de pasaportes para viajes a España; supuestas denuncias de cohecho en el Senasir en Santa Cruz; supuestos viajes del TAM para llevar pasajeros al extranjero utilizando equipos de propiedad del Estado; supuesta utilización indebida de bienes incautados por funcionarios públicos y otros dirigentes políticos; supuestas violaciones a disposiciones legales relativas a la libre carnetización, al ser manipuladas por personas ajenas a la Policía Nacional y traslado de información a otras dependencias.

Así como el Gobierno ha sido muy rápido en efectuar acusaciones y denuncias sobre supuestos actos de corrupción en el pasado y de tomar acciones ante el Ministerio Público para sancionar a los anteladamente señalados como responsables, creemos que, de la misma manera, el Gobierno debe también investigar a fondo todos estos casos y llevarlos a los niveles que corresponda de la Judicatura y del Ministerio Público, “caiga quien caiga y hasta las últimas consecuencias”, tal como reza la frase que permanentemente repiten los políticos y en especial los dirigentes sindicales.

Creemos que sólo así, el Gobierno tendrá la verdadera autoridad moral de hablar de la tan mentada transparencia y la lucha contra la corrupción que tanto pregona.

*Juan L. Cariaga
es economista y escritor.